En Ecuador avanza el trámite de la solicitud de juicio político en contra del presidente del país, Guillermo Lasso. Actualmente, el proceso está en manos de la Corte Constitucional (CC).
El proceso comenzó formalmente con la presentación de la solicitud del juicio político que hicieron ante la Asamblea Nacional (Parlamento) legisladores de varias bancadas, el pasado 16 de marzo. Esto luego que a principios del mes el Congreso aprobara un informe que recomienda la medida contra el mandatario por delitos contra la seguridad del Estado y por la supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión, tras una investigación sobre una presunta trama de corrupción en las empresas públicas.
El lunes 20 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificó y decidió admitir a trámite la solicitud, y tras ello debía ir a la CC; no obstante, un día después se detectaron errores en el texto y fue devuelto a los parlamentarios proponentes.
Entonces, el jueves 23 de marzo fue ingresada la nueva solicitud con los errores subsanados y un día después el CAL la admitió a trámite. Más tarde, de ese mismo viernes, fue enviada a la CC.
El trámite en la Corte Constitucional
Una vez que la solicitud llegó a la CC, en esa instancia se llevó a cabo el sorteo para elegir, entre sus nueve magistrados, al juez ponente, resultando designada la magistrada Teresa Nuques.
El lunes 27 de marzo, la CC votó el proyecto de dictamen de admisibilidad que entregó Nuques, pero este no alcanzó los seis votos favorables requeridos (dos tercios del Pleno) para ser aprobado, según lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Por lo tanto, la CC nombró a otros dos jueces ponentes, resultando designados los magistrados Richard Ortiz Ortiz y Alí Lozada Prado (presidente de la Corte), quienes tienen un plazo de 48 desde su elección para presentar el proyecto que se someterá a votación.
"La Corte Constitucional ratifica su compromiso de emitir el dictamen correspondiente en el plazo previsto en la ley, comprende la trascendencia que este caso representa", dice el organismo en un comunicado.
En la CC se revisan varios aspectos: si la solicitud está elaborada según la Constitución y si la infracción imputada y la tipificación jurídica se incluyen como causales de juicio político. A partir de eso se determinará si avanza o no el proceso.
Si ese órgano emite un dictamen en contra, el caso se archiva; pero si el fallo es de admisibilidad, el presidente de la Asamblea Nacional tiene un plazo de tres días para regresarlo al CAL, instancia que luego lo enviará a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, la cual debe decidir si recomienda o no el juicio político en un lapso de 30 días.
Cuando se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular de la Asamblea Nacional convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).
Plantón
Este martes, miembros de diversas organizaciones indígenas de Ecuador se movilizaron hasta la sede de la CC para exigir a los magistrados la admisibilidad del juicio político contra Lasso.
"Es un mecanismo constitucional democrático que tiene que darse", destacó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
En la movilización participaron miembros de la Conaie y sus filiales: Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
El pasado viernes, durante actividades con motivo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, Lasso se refirió al proceso de juicio político en su contra, calificándolo de "golpe de Estado parlamentario".
Añadió que enfrenta "una oposición muy ciega que no quiere respetar los periodos electorales de cuatro años".
- La solicitud de juicio político en contra de Lasso se dio a raíz de una investigación sobre una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador.
- Esa supuesta trama estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); aunque también se habría extendido a Petroecuador.
- Además, según las pesquisas, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.
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