Las masivas manifestaciones en contra de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han cesado, pero las indagaciones independientes han proseguido. Primero fueron reportes de organizaciones de derechos humanos locales, luego Naciones Unidas, el diario estadounidense The New York Times y ahora Amnistía Internacional (AI). La conclusión es la misma: hubo represión estatal.
El martes, AI presentó un informe anual que abarca 2022 y los primeros meses del presente año, en el cual hace énfasis en la crisis política generada tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte, que provocó múltiples protestas y casi 70 muertes, de las cuales 49 fueron de civiles que chocaron con fuerzas de seguridad pública.
AI recomendó finalizar el uso de armas letales y evitar el uso de armas potencialmente letales para dispersar las movilizaciones, sin embargo, hubo omisión por parte del Estado peruano, que continuó con estas prácticas.
"Se han utilizado perdigones de forma indiscriminada. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta (de las autoridades) sobre dejar de usar perdigones y otras armas menos letales, pero que también han sido mortales en algunos casos", confirmó a RT la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.
Como ejemplo, mencionó el último fallecido: Rosalino Flores, un joven de 22 años que recibió 36 perdigones mientras demandaba la renuncia de Boluarte a principios de 2023 en la ciudad sureña de Cusco.
Procedimiento "discriminatorio"
Castillo, quien fue destituido por el Congreso tras su intento de disolver este órgano legislativo, había alcanzado el poder como el gran abanderado del llamado Perú profundo, de los territorios de la nación andina que históricamente han estado por debajo de Lima, la capital, en la toma de decisiones.
El profesor oriundo de la provincia de Cajamarca abogaba por una descentralización, empero no avanzó en esta tarea y, una vez su vicepresidenta tomó el timón del país, la tendencia se dio vuelta: las regiones sur y centro del país se rebelaron, mientras que Lima se mantuvo adormecida.
Desde el 7 de diciembre pasado, cuando Castillo fue removido del cargo, se activaron las movilizaciones en varias provincias y, salvo algunas excepciones, únicamente se registraron manifestaciones en la capital cuando arribaron delegaciones de otros rincones del país.
"Desde AI hemos denunciado que ha habido un marcado sesgo racista y discriminatorio por parte de las fuerzas de seguridad: el 80% de las víctimas son de comunidades campesinas e indígenas", comentó Navarro.
La indagación del organismo reveló que "se han usado armas letales, al menos en Ayacucho, en Apurímac y en Juliaca (Puno), y eso es algo que no se ha visto en Lima".
"Es importante que no se use en ningún caso armas letales para contener o dispersar si fuera necesario una protesta. Este marcado sesgo racista no solo se ve en estos actuares, sino también se ve en las declaraciones de autoridades hacia manifestantes", agregó.
De hecho, hace poco se desató la polémica en Perú por unas declaraciones —que le valieron una moción de interpelación en el Congreso— del ministro de Educación, Óscar Becerra, en la cual decía en un canal local que "ni siquiera los animales exponen a sus hijos", en referencia a mujeres protestantes que arribaron a Lima provenientes de Puno con niños en sus espaldas.
Impunidad reinante
En su informe, AI recordó el asesinato de Bryan Pintado e Inti Sotelo durante las protestas que sacudieron Lima en noviembre de 2020 durante el breve régimen de Manuel Merino. A pesar de que hubo una denuncia constitucional por estas muertes, el Parlamento la archivó.
Sumado a esto, la investigación penal contra los agentes policiales implicados fue interrumpida a la espera de la resolución suprema que declaró la competencia especializada de la Sala Penal Nacional para resolver este caso.
Con la Ley de Protección Policial de 2020 vigente, AI sostuvo que además se limita de manera efectiva la rendición de cuentas de las fuerzas del orden por las violaciones de derechos humanos.
Un estatus de impunidad que no ha cesado, como contestó Navarro a una pregunta de este medio. "Hasta donde AI tiene conocimientos, en el Perú no hay ningún policía o militar condenado por la muerte de algunas personas en las protestas, al menos de las últimas décadas".
"Son mensajes de impunidad que se están lanzando y no ayudan al clima actual, en el cual las víctimas de los familiares piden verdad y justicia", lamentó la directora de Amnistía Internacional Perú.
El lunes pasado, el Ejecutivo anunció una reforma a la Policía Nacional del Perú en respuesta a presuntos actos de corrupción en su seno, mas no por su actuar en las recientes movilizaciones.
"Emprenderemos una reforma que nos permita promover cuadros técnicos y aquellos efectivos comprometidos con la institución en la lucha contra la inseguridad ciudadana y sobre todo lucha frontal contra la corrupción", aseveró Boluarte este miércoles.