La Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJ) ordenó la suspensión de la entrega de tierras a una comunidad mapuche en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, al suroeste del país.
Con la resolución dictada el miércoles, el máximo tribunal dejó sin efecto un fallo que establecía la cesión de 180 hectáreas que se encontraban bajo dominio del Ejército Argentino, y que eran reclamadas por derecho ancestral por la comunidad Millalonco-Ranquhue.
La Corte hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y el Estado Mayor General del Ejército para suspender la transferencia de tierras a título gratuito, informó el diario Río Negro. Sin embargo, en el fallo los magistrados aclaran que esta decisión "no" implica "pronunciamiento sobre el fondo del asunto".
La decisión del máximo tribunal es provisoria, ya que no anula el fallo del juzgado federal de Bariloche que ordenaba la entrega de tierras, sino que frena la ejecución de sus efectos hasta que la sentencia quede firme.
El fallo fijaba un plazo de 60 días para que se transfiera el dominio de las tierras al Instituto de Asuntos Indígenas (IAI), para su posterior adjudicación a la comunidad Millalonco Ranquehue. La población nativa asegura que vive en esas tierras desde hace más de un siglo, incluso antes de la llegada del cuartel militar que hoy aparece como su propietario.
En un fallo de primera instancia, en febrero de 2022, la Justicia de Río Negro le había dado la razón al pedido de los mapuches, y en mayo de ese mismo año fue ratificado por la Cámara de Apelaciones.
Demora y nueva causa
En ese entonces, los jueces desestimaron la apelación del Ejército porque fue presentada fuera de término, ya que habían vencido los plazos procesales. A raíz de la decisión, la institución castrense que administra esos terrenos recurrió a la Corte Suprema como última instancia.
La demora en presentar la apelación motivó una denuncia de legisladores de Juntos por el Cambio contra los abogados del Ministerio de Defensa, al considerar que se dejaron vencer los plazos para avanzar con la cesión de tierras a la comunidad mapuche.
Lo que la Corte plantea es que existió gravedad institucional en la operación administrada por los organismos del Estado al emitir la orden de adjudicación de los terrenos a los grupos mapuches, sin que se clarifique la cuestión de la legitimidad sobre la titularidad de las tierras en disputa.
Además, tuvo en cuenta la falta de definición sobre la causa presentada por la oposición contra los abogados del Ejército, que aún no se resuelve.