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La Corte Constitucional de Ecuador da paso al juicio político contra Lasso
Desde el organismo precisaron el carácter parcial del dictamen, que recibió los seis votos a favor requeridos y tres en contra.
Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional de Ecuador (CC) ha dado luz verde la noche de este miércoles al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, tras emitir un dictamen de la admisibilidad parcial en relación con presuntos delitos contra la seguridad del Estado a raíz de una investigación sobre una trama de corrupción en las empresas públicas del país.
En particular, desde la CC explicaron que se admitió la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no así las dos incriminaciones sobre el presunto delito de concusión.
Respecto a estas dos inadmisiones, el organismo argumentó su decisión por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
"Esta Corte exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho", reza el comunicado de la institución.
La decisión llega luego de que el 27 de marzo no se alcanzaran los seis votos favorables requeridos, por lo que fueron nombrados otros dos jueces ponentes.
El profesor e investigador Fernando Carrión señaló que la destitución del presidente provocaría que Ecuador entre en un círculo vicioso por el poco apoyo con el que cuenta su sustituto. Asimismo, sugirió que la llamada 'muerte cruzada', es decir, la disolución de la Asamblea Nacional y la celebración de nuevas elecciones, es la única opción que tiene Lasso para seguir en el poder.
El Gobierno respeta el dictamen, pero rechaza el juicio político
Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que afirma respetar la decisión de la CC, al tiempo que rechaza el juicio político, reafirmándose en la inocencia del mandatario.
"Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El planteamento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores", destacaron desde el Ejecutivo.
Próximos trámites
Tras recibir finalmente el aval del pleno de la CC, el presidente de la Asamblea Nacional del país tiene un plazo de tres días para devolver el documento al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que luego lo enviará a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Esta, a su vez, debe resolver en 30 días si recomienda o no el juicio.
Cuando se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular de la Asamblea Nacional convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).
Cabe recordar que todo el proceso arrancó formalmente el 16 de marzo con la presentación de la solicitud del enjuiciamiento contra Lasso ante el Parlamento por parte de legisladores de varias bancadas. La solicitud cobró forma tras aprobarse un informe que recomendaba juicio político contra Lasso.
La investigación
La solicitud de juicio político en contra de Lasso se dio a raíz de la publicación periodística desde enero pasado, por parte del medio digital local La Posta, en la que revelan la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que denominó la causa como 'Encuentro', aunque mediáticamente se conoce como 'El Gran Padrino'.
La presunta trama de corrupción operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y también se habría extendido a Petroecuador.
Además, según las revelaciones, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.
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