Policías ucranianos con ametralladoras han entrado este jueves en el territorio del Monasterio de las Cuevas de Kiev después de que la comisión del inventario de bienes para la transferencia al Estado de las propiedades de la Lavra abandonara el recinto, informó la Iglesia ortodoxa ucraniana, considerada como parte autónoma del Patriarcado de Moscú.
"Los fieles rezan, los periodistas filman, la Policía con ametralladoras está en la entrada y en el recinto. Se sabe que los miembros de la comisión abandonaron el recinto del monasterio", señala el comunicado publicado en la cuenta de Telegram de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú (UPTs, por sus siglas en ruso).
Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, expresó que Moscú "condena enérgicamente" las presiones ejercidas por las autoridades ucranianas sobre los clérigos del monasterio. También agregó que Rusia no permanecería "indiferente" al futuro de los monjes en caso de desalojo.
La escalada de tensiones en torno al convento se agudizó este miércoles, 29 de marzo, fecha límite del ultimátum establecido por las autoridades para que los monjes abandonaran el monasterio tras romper unilateralmente el contrato de arrendamiento.
Por su parte, el ministro de Cultura de Ucrania, Alexánder Tkachenko, declaró que los monjes podrían permanecer en el monasterio si se unieran a la nueva Iglesia ortodoxa de ucrania (PTsU, por sus siglas en ruso), no reconocida por el Patriarcado de Moscú, pero activamente promovida por el régimen de Kiev como una rama cismática independiente.
Sin embargo, los monjes persisten en su negativa de abandonar el monasterio y han recurrido a tribunales para impugnar la decisión de Kiev, que alega la existencia de supuestas acciones e ideología prorrusas en los religiosos como pretexto para desalojarlos.
El pasado viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe en el que el organismo destacaba su preocupación por la posibilidad de que las actividades del Estado dirigidas contra la UPTs "pudieran ser discriminatorias".