¿En qué consiste el megaoperativo desplegado en Honduras para "no dar tregua al delito"?

El Ministerio Público de Honduras informó este jueves que lleva adelante, en diferentes partes del país, la Operación Poseidón III, "para no dar tregua al delito y darle una respuesta a las denuncias de la población".

La operación incluye acusaciones ante los juzgados, detenciones infraganti, cumplimiento a órdenes de captura, inspecciones, registros y operativos fijos.

De acuerdo con la institución, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) trabaja en la recolección de pruebas relacionada a supuestas irregularidades en el sector salud.

Uno de los casos, explica, es el denominado 'Hospitales Móviles II', en el que se investiga un megafraude por el que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) derrochó más de 47 millones de dólares durante la pandemia por covid-19.

Por otro lado, con la Operación Poseidón III se verifican precios, productos de temporada, supuestas ofertas y promociones, de cara al feriado de Semana Santa, en empresas de transporte, mercados, supermercados y varios centros turísticos y hospedajes.

Delitos contra mujeres

También, en el marco de esta operación "se imponen medidas de seguridad contra agresores de mujeres y se coordina con otros despachos fiscales las diligencias de conformidad a los delitos cometidos", añade el Ministerio Público, en relación con denuncias de víctimas vulnerables dentro de las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras dependencias policiales.

En la misma área, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) presenta cinco requerimientos fiscales y coordina la ejecución de ocho capturas por violencia de género reportada en Tegucigalpa. Causas similares se resuelven en oficinas regionales y locales.

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Asimismo, fiscales de derechos humanos, protección a la niñez, delitos contra la vida, el crimen organizado, la trata, medioambiente, entre otros, hacen lo propio en sus respectivas áreas durante esta operación.

Fraudes bancarios

El Ministerio Público indicó que, por otra parte, la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) investiga denuncias sobre fraudes bancarios.

Según la institución, en los últimos meses se ha registrado un repunte de este delito. Solo en marzo, 110 casos se pusieron en conocimiento del Ministerio Público y de la Unidad de Ciberdelito de la DPI, con perjuicios de entre 10.000 a un millón de lempiras (de 406 a 40.600 dólares) por cliente afectado.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) es la encargada de dar seguimiento a los resultados de este día.