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Acusan de narcotráfico internacional a "la abuela" de un sindicato policial en EE.UU.
La funcionaria, de 64 años, supuestamente encargó miles de pastillas de varios opioides sintéticos y las distribuyó desde su domicilio por todo el país norteamericano.
La Fiscalía de EE.UU. ha acusado a la directora ejecutiva de la Asociación de Agentes de Policía (POA, por sus siglas en inglés) de San José, en California, de aprovecharse de su cargo para enmascarar años de tráfico internacional de drogas que distribuía por todo el país norteamericano.
Según la denuncia presentada por los fiscales a finales de marzo, Joanne Marian Segovia, de 64 años, utilizó sus computadoras personales y las de la oficina con objeto de encargar miles de pastillas de opioides sintéticos, como valeril fentanilo, tramadol, tapentadol, entre otros, y organizar desde su domicilio la venta de estas sustancias a otros lugares de Estados Unidos.
En total, entre octubre de 2015 y enero de 2023, Segovia recibió en su casa al menos 61 envíos, algunos valorados en miles de dólares, procedentes de países como China, Hungría, la India y Singapur, que iban etiquetados como "arreglos para fiestas de boda", "maquillaje de regalo" o "chocolate y dulces". Sin embargo, a partir de julio de 2019, las autoridades interceptaron y abrieron cinco de estos paquetes y descubrieron que contenían miles de píldoras de droga.
También se alega que Segovia utilizaba comunicaciones encriptadas de WhatsApp para planificar la logística de recepción y reenvío de los estupefacientes, acordar los precios, confirmar los pagos y discutir otros detalles relacionados con el narcotráfico internacional.
El 13 de marzo de este año, agentes federales confiscaron en el estado de Kentucky un paquete que contenía fentanilo valeril, dirigido a Segovia, supuestamente enviado desde China, cuya etiqueta decía "reloj".
Ahora, la funcionaria afronta una acusación por tentativa de importación ilegal de valeril fentanilo, precisa la Fiscalía. En caso de ser declarada culpable, Segovia se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión con la posible obligación de cumplir al menos 3 años de libertad supervisada y de pagar una multa de hasta 250.000 dólares.
El presidente de la Asociación de Agentes de Policía de San José, Sean Pritchard, expresó su decepción en relación con el caso. "Estoy enfadado porque es una gran, gran decepción. Para todos los hombres y mujeres que forman parte de nuestra organización", dijo Pritchard, citado por la prensa local. "Es tan difícil de comprender. Esta persona ha sido realmente la abuela de la POA. No es la persona que conocemos desde hace más de una década", lamentó.
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