Venezuela acusa al fiscal de la CPI de adelantar un 'lawfare' en su contra

El Gobierno venezolano rechazó este lunes los señalamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, con respecto a la investigación conocida como 'Venezuela I', que indaga sobre posibles violaciones de derechos humanos y que actualmente se encuentra suspendida a solicitud de Caracas.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana rechazó "de manera categórica los señalamientos" de Khan, a los que considera "sin fundamento", al dar su respuesta a las observaciones presentadas por Venezuela sobre el mencionado y suspendido expediente.

Para las autoridades venezolanas, "una vez más el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada", al reproducir "sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos".

Caracas alega que el fiscal de la CPI actúa "en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se esperan de una instancia internacional de tanta relevancia". En consecuencia, el Gobierno venezolano considera que las expresiones de Khan obedecen a un 'lawfare' (persecución judicial) "que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos".

La Cancillería recordó que el 28 de febrero de 2023 fue presentado ante la CPI "un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido".

"Las afirmaciones recientemente presentadas por el fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional", añade el comunicado, en el que Caracas ratifica que "seguirá ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación".

¿Cuál es la postura del fiscal Khan?

El caso 'Venezuela I' aborda supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra ciudadanos, en el contexto de las manifestaciones políticas del 2017. Se origina en una denuncia realizada por gobiernos integrantes del entonces llamado "Grupo de Lima", ya disuelto, y que según Caracas fue una acción de la derecha regional con fines políticos.

El pasado 30 de marzo, Khan respondió a una demanda hecha por Caracas, donde el Ejecutivo advierte que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y que cuando se han registrado abusos policiales aislados, las autoridades locales han actuado para investigarlos y judicializarlos.

Caracas insiste en que la CPI no tiene fuero para investigar unos hechos que no cumplen con los criterios de gravedad de los casos de lesa humanidad. Por tal razón, Venezuela solicitó a Khan, en abril de 2022, inhibirse de su competencia en favor del sistema de justicia venezolano, conforme al artículo 18.2 del Estatuto de Roma, que establece "la primacía de la jurisdicción nacional". Además, alega que el fiscal fundamenta sus demandas en "fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización".

La Fiscalía de la CPI decide iniciar la fase de investigación del caso 'Venezuela I' y Caracas responde

Khan, por su parte, dice que el gobierno venezolano "malinterpreta los elementos de los crímenes y no presenta pruebas o información concreta" que desvirtúen los argumentos de la fiscalía a su cargo. Además, considera que "existe una base razonable para creer" que los presuntos delitos investigados son "parte de un ataque sistemático contra una población civil, de conformidad con o en apoyo de una política de Estado".

El fiscal, que en noviembre pasado solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI reanudar la investigación en Venezuela, después que quedara en suspenso, asegura que el proceso es viable porque no hay motivos para su aplazamiento.

En medio de las recientes diferencias, este lunes la Sala de Previsiones de la CPI decidió atender "parcialmente" la solicitud de Venezuela para responder a los argumentos planteados por el despacho de Khan en un documento no mayor de 10 páginas, que debe entregarse antes del 20 de abril. Además, solicitó a Caracas y a la Fiscalía de la CPI presentar "versiones públicas" sobre sus demandas y respuestas antes del 17 de abril de 2023.

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