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La Fiscalía de México procede penalmente al jefe de Migración por la tragedia de Ciudad Juárez

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El pasado 27 de marzo, 40 migrantes fallecieron en un incendio ocurrido en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, cerca de la frontera con EE.UU.
La Fiscalía de México procede penalmente al jefe de Migración por la tragedia de Ciudad Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) de México comunicó este martes que procederá penalmente al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y a otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes en un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

"Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco 'N' y Antonio 'N', quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes", señaló la FGR.

El pasado 27 de marzo, 40 migrantes fallecieron en un incendio ocurrido en un centro de detención del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con EE.UU., lo que se convirtió en una de las peores tragedias migratorias en la historia del país y desató una crisis política en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Un patrón de irresponsabilidad"

Además, se determinó "un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias". La Fiscalía recordó que el 31 de marzo pasado se había producido otro incidente en un centro migratorio en Tenosique, Tabasco, dejando un muerto y 14 heridos.

Varias auditorías han expuesto "las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados", agregó.

Otras irregularidades

Asimismo, se ha establecido que a la empresa privada encargada de la seguridad en los centros del INM se le otorgaron los respectivos contratos de forma directa, "omitiendo las obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios".

"También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano de Seguro Social a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados", apuntó la FGR.

Todos estos antecedentes exponen una "serie de conductas ilegales y omisas" que son "elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia".

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