El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de España ha anunciado que presentará una denuncia en los próximos días ante Inspección de Trabajo contra varias empresas que ofrecen los servicios de trabajadoras del hogar originarias de Filipinas.
Estas compañías atribuyen a las empleadas características en función de su nacionalidad. "Honestidad", "lealtad", "discreción" o "actitud cariñosa con los niños" son algunas de las cualidades con las que las identifican, propiedades que aluden a las propias personas y no a la calidad de su trabajo.
En una de las imágenes que el sindicato denuncia se puede ver a una joven –son siempre mujeres– vestida con un uniforme rosa y con una amplia sonrisa concentrada en sus labores de limpieza. CC.OO. sostiene que las características que les atribuyen "a la postre, sugieren sumisión y servidumbre".
Las diferentes empresas especializadas en proveer de personal del hogar de origen filipino, hablan en todo momento en femenino de sus trabajadores y lo venden como un servicio de lujo para las clases altas. Mientras que las únicas referencias a sus derechos laborales son el bajo absentismo y la "ausencia de conflictividad".
"Es difícil ver un trato tan degradante como que el de este anuncio: machismo, clasismo y racismo como método de selección de las empleadas de hogar", sostiene la Secretaria Confederal de Mujeres de CC.OO., Carolina Vidal López, en una publicación en Twitter en la que adjunta una imagen de la empresa Mimucama.
Otras empresas, según denuncian, ofrecen "bonos al buen comportamiento" con los clientes y, en general, ofrecen descripciones y prácticas similares.
"No se ofrece un trabajo, sino el supuesto comportamiento de las personas de ese origen frente al trabajo", denuncia Vidal, sobre unas prácticas que califican de machistas, clasista y racistas, y que a su juicio vulneran la legislación vigente.
Una de las críticas es que la contratación de personal de origen exclusivamente filipino, vetando a personas de otras procedencias, puede constituir discriminación en el acceso al empleo por razón de origen, raza, etnia o nacionalidad, algo expresamente prohibido en las diferentes normativas españolas.
El sector del hogar siempre ha estado envuelto en polémicas y denuncias por abusos. Además, hasta hace muy poco tiempo, los empleados domésticos –en su mayoría mujeres– no contaban con los mismos derechos que el resto de los trabajadores.
España ratifica el Convenio 189
Una de las reivindicaciones históricas de estos empleados se vio satisfecha tan solo el año pasado, cuando España por fin ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se calcula que más de medio millón de personas se han beneficiado de la ratificación de este Convenio.
Sin embargo, se denuncia que este avance en derechos no alcanza a las trabajadoras irregulares que tienen una abultada precariedad, bajos salarios y están expuestas a un mayor número de abusos, al tratarse de una labor realizada en el ámbito privado de los domicilios.
Sin embargo, la implementación del Convenio 189 supone una apuesta por la regularización de la economía sumergida, así como por la equidad de género, toda vez que se trata de trabajos altamente feminizados.
Se calcula que en España más del 90 % de las empleadas del hogar son mujeres y, en su gran mayoría de origen extranjero. Sin embargo, de las que estaban de alta antes de la ratificación del instrumento internacional, el 56 % eran españolas, lo que deja ver cómo la precariedad y la economía sumergida castiga más a las mujeres migrantes.