La anómala exclusión de candidatos, una amplia dispersión de partidos y temores de fraude ante la falta de transparencia marcan el clima político en Guatemala, a dos meses de los comicios en los que será electo el sucesor del presidente Alejandro Giammattei.
O sucesora, porque, de acuerdo con las encuestas, las candidaturas con mayor intención de voto las encabezan las únicas dos mujeres inscritas en la contienda: la conservadora Zury Ríos Sosa, exdiputada e hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt; y Sandra Torres, la exprimera dama (exesposa del expresidente Álvaro Colom), que se asume como socialdemócrata y que protagoniza su tercera campaña presidencial.
La ciudadanía está convocada a elegir el próximo 25 de junio presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Si ningún candidato obtiene por lo menos el 50 % más uno de los votos, quienes alcancen los primeros dos lugares se enfrentarán en una segunda vuelta el 20 de agosto de 2023.
El panorama es incierto, ya que la fragmentación es uno de los sellos de estos comicios. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la inscripción de 22 binomios de candidatos a la presidencia y vicepresidencia.
Por ello, aunque los sondeos colocan a Ríos y a Torres a la cabeza, no anticipan un escenario definitivo. Ninguna de las dos supera el 25 % de intención de voto.
Además, las campañas están marcadas por los escándalos. En el caso de Ríos, porque siempre ha justificado los crímenes de lesa humanidad que cometió su padre, el militar que en 1982 perpetró un golpe de Estado que le permitió gobernar el país durante 17 meses y que 2013 fue condenado por genocidio.
Antecedentes
Esta es la cuarta vez que la exdiputada Ríos Sosa intenta llegar a la presidencia. Primero lo hizo en 2011, pero finalmente retiró su postulación. En 2015 sí apareció en la boleta pero quedó en quinto lugar.
Cuatro años más tarde, su candidatura fue anulada porque para entonces la ley guatemalteca ya prohibía la postulación de familiares de personas que hubieran tomado el poder a través de un golpe de Estado (como fue el caso de su padre), una revolución armada o cualquier otra alteración del orden constitucional.
Torres, por su parte, también llega a esta elección con el antecedente de escandalosas campañas presidenciales previas. En 2011, para poder postularse por primera vez, se divorció de su esposo, el entonces presidente Álvaro Colom, ya que la ley prohíbe la candidatura de familiares del mandatario de turno. La maniobra fue tan evidente, que su registro quedó anulado.
En 2015, la exprimera dama ahora sí logró competir, quedó en segundo lugar y avanzó a un balotaje en el que fue derrotada por Jimmy Morales. En 2019 sí ganó la primera vuelta, pero en la segunda terminó derrotada por Giammattei. En septiembre de 2019, apenas un mes después de los comicios, fue detenida y acusada de financiación electoral ilícita y asociación ilícita.
A fines de 2022, el proceso fue cerrado por una jueza que consideró que no había suficientes elementos para enjuiciar a Torres. El fallo permitió que ahora volviera a postularse.
El tridente de candidatos presidenciales con mayor intención de voto, por ahora, lo completa Edmond Auguste Mulet, un periodista, exdiputado y diplomático conservador de larga trayectoria que se postuló por primera vez en 2019 y que quedó en tercer lugar.
Pero, más allá de Ríos, Torres y Mulet, otra dirigente política atrajo los reflectores durante la campaña debido a las maniobras que evitaron que pudiera competir en esta elección.
Anomalías
A Thelma Cabrera, una activista campesina, indígena y de izquierda, no la dejaron postularse por segunda vez a la presidencia.
En su primer intento, en 2019, obtuvo casi medio millón de votos. Aunque quedó en cuarto lugar, su campaña sorprendió y la posicionó como una nueva figura política en el país centroamericano.
De manera sorpresiva, el Tribunal Supremo Electoral le negó su inscripción para las elecciones 2023, lo que desató una serie de protestas.
El argumento fue que su compañero de fórmula, Jordán Rodas, el exprocurador de derechos humanos que se tuvo que exiliar luego de denunciar actos de corrupción del Gobierno de Giammattei, tenía reclamos judiciales pendientes que lo inhabilitaban.
Rodas denunció que ni siquiera ha sido notificado del supuesto delito administrativo que le adjudican. Tanto él como Cabrera aseguraron que el veto, en ralidad, tenía un trasfondo político y representaba un "fraude" anticipado.
La negativa a su candidatura provocó suspicacias porque hay muchos otros candidatos a los que sí se les permitió el registro, a pesar de que cuentan con investigaciones abiertas por diferentes delitos.
Por ello, organizaciones nacionales e internacionales ya han manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo en Guatemala.
"El proceso penal aparentemente arbitrario (…) amenaza la posibilidad de que se celebren elecciones justas y libres", señalaron en un comunicado las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quienes también pidieron a los gobiernos de América Latina, Europa y EE.UU., que condenen las anomalías del proceso electoral.
Desconfianza
"Deberían expresar su preocupación (…) También deben pedir a las autoridades guatemaltecas que investiguen de forma seria y creíble las denuncias de financiación electoral ilícita, incluso por parte de empresarios y del crimen organizado", añadieron tanto HRW como WOLA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, exigió al Estado guatemalteco que garantice los derechos políticos, el pluralismo y la participación en condiciones de igualdad en el proceso electoral.
El caso de la dupla Cabrera-Jordan no es el único que ha generado desconfianza en la imparcialidad del proceso, ya que el TSE rechazó la inscripción del empresario conservador Roberto Arzú, -David Pineda, supuestamente por haber realizado campaña anticipada, algo que también hicieron otros candidatos a los que sí se les autorizó el registro y que ni siquiera fueron sancionados.
La desconfianza hacia las autoridades electorales se evidencia, por ejemplo, en que sí permitió la inscripción del expresidente Jimmy Morales como candidato a diputado, a pesar de que hay investigaciones en su contra por financiamiento ilegal de su campaña y por negligencia en un incendio de un centro de acogida estatal que, durante su gestión, se incendió y dejó un saldo de 40 niñas y adolescentes fallecidas.
Otros casos controvertidos son los del exalcalde Esduin Javier y Elisa Judith Mejía Salazar, quienes lograron postularse como candidatos a diputados, a pesar de que están acusados de delitos de narcotráfico.