La agonía del mayor humedal de España: Doñana alerta a un país al borde de la desertificación

El cambio climático está haciendo mella particularmente en España. Los veranos cada vez son más largos y calurosos, las precipitaciones escasean, las sequías son más persistentes y las temporadas de incendios más tempranas y prolongadas.

El panorama actual deja constancia de que la principal preocupación es la gestión de agua en un país con restricciones periódicas del recurso en algunas regiones, con la agricultura de regadío como principal motor económico y la construcción como actor clave que tira del PIB.

De hecho, la gestión de este recurso, unida a la protección medioambiental de un ecosistema único en Europa, el Parque Natural de Doñana, se encuentran en el centro de una de las polémicas políticas más importantes de los últimos meses, con un Gobierno regional, el de Andalucía, enrocado en la aprobación de una norma que critican la oposición, los ecologistas, los científicos y la propia Unión Europea, que ha llegado a amenazar con la imposición de sanciones económicas.

Doñana: de símbolo de biodiversidad a símbolo de la amenaza

El Parque Nacional de Doñana alberga una biodiversidad única en Europa, con un conjunto de ecosistemas entre los que destacan las marismas, donde crían y se reproducen miles de aves europeas y africanas. Además, es el hogar de especies únicas, algunas de ellas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica o el lince ibérico.

Enclavado entre las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz, y catalogado como Patrimonio de la Humanidad, sus 122.487 hectáreas –que comprenden 54.251 de parque nacional y 68.236 de parque natural– se encuentran rodeadas de zonas de aprovechamiento agrícola por regadío.

La joya de la corona de la biodiversidad en España se encuentra en estado crítico y los expertos lanzaron la voz de alarma, por enésima vez, la semana pasada. El director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, fue contundente durante su intervención en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana.

El 59 % de las lagunas de mayor tamaño no se han inundado al menos desde 2013. El 80 % se secaron antes de lo esperado y el 84 % tuvo un área de inundación menor a lo previsto, de acuerdo a los parámetros de temperatura y precipitaciones, según el último estudio de la revista científica Science of the Total Environment.

El estudio deja claro que el equilibrio natural de las lagunas se ha visto afectado por la actividad humana, como la extensión de las áreas cultivadas; la superficie construida en la urbanización de lujo de Matalascañas, enclavada en el espacio natural; la escasa distancia a las estaciones de bombeo de esa urbanización; así como el funcionamiento de su campo de golf.

El 19 % de las lagunas analizadas en el estudio ya han desaparecido por completo, algo que sucede cuando la sucesión de años sin inundación aumenta y son colonizadas por vegetación terrestre. Otro 19 % están parcialmente invadidas y solo el 10 % se encuentran en buen estado.

Las tres lagunas que eran permanentes han dejado de serlo. En el caso de la de Santa Olalla, la mayor de ellas, registró una situación extrema el pasado verano.

La fauna y la vegetación están siendo afectadas por esta escasez de agua. Entre 2003 y 2021, la riqueza de especies de anfibios se ha reducido más de un 40 %. También se ven amenazadas las especies de caballitos del diablo (43 en 1959 y tan solo 12 el año pasado), las libélulas o las dos autóctonas de galápagos.

Una ley contra todos

En estas circunstancias el Partido Popular, que gobierna en Andalucía desde 2019, junto a la formación de extrema derecha Vox, ha sacado adelante la tramitación de una proposición de ley en el Parlamento regional para legalizar alrededor de 800 hectáreas de regadíos agrícolas en la provincia de Huelva, a las puertas del Parque Nacional de Doñana.

La nueva ley, si finalmente sale adelante, beneficiaría el cultivo de los frutos rojos, como las fresas, que ha ido creciendo en las poblaciones a las que afectaría la normativa, y que necesita de una gran cantidad de agua. Precisamente, esta actividad está detrás de la apertura de miles de pozos, la mayoría ilegales, que se nutren de aguas subterráneas, ante la alarma de ecologistas y científicos.

Los expertos alertan de que en este entorno la demanda de agua no ha dejado de aumentar y ponen como ejemplo que las hectáreas de regadío se incrementaron de 2.162 en 2004 a 3.543 en 2014, siendo la superficie todavía mayor a día de hoy.

"Se utiliza una dialéctica infantil, de buenos y malos, que solo buscan enfrentar a distintas partes de la sociedad, utilizando mensajes absurdos", afirmó el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, para criticar una proposición de ley que hará que también las explotaciones legales tengan problemas para regar, según su criterio.

"De nuestras decisiones depende el futuro de Doñana y su comarca", sostuvo Revilla, que concluyó con una interpelación directa a los políticos: "Ustedes han de escoger como quieren pasar a la historia".

Condena europea

España ya ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat, ya que no tuvo en cuenta la extracción ilegal del recurso para el cultivo y el abastecimiento urbano en la estimación para el uso del agua subterránea de la comarca de Doñana, así como por no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada.

"Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana", dijo la semana pasada el portavoz comunitario Tim McPhie, tras ser preguntado por la iniciativa del Parlamento andaluz.

A finales de marzo la Comisión Europea envió una carta que instaba a España a adoptar medidas en el plazo de un mes y calificaba el proyecto de normativa andaluz como una "violación flagrante" de la sentencia del TJUE. Además, amenazó con trasladar el caso de nuevo a la Justicia europea, pero esta vez solicitando la imposición de sanciones económicas.

Por su parte, el Gobierno de España ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba la ley. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, llegó a decir que Juanma Moreno Bonilla, el presidente regional, "desde su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso a los onubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España", durante una entrevista televisiva.

Sequía generalizada

El caso de Doñana es la punta del iceberg. España está viviendo actualmente una sequía generalizada, lo que ha llevado al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a convocar para este miércoles la mesa de la sequía, con el objetivo de dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores.

El campo español atraviesa una grave situación debido a la falta de lluvias y a los bajos niveles de los embalses, que se unen al aumento inusual de las temperaturas. Las pérdidas en cultivos como los cereales y las leguminosas ya son cuantiosas.

También la ganadería se ve afectada, tanto por la falta de agua para abrevar, como por la desecación de pastos y la merma de cultivos forrajeros dedicados a la alimentación del ganado.

Además, estos problemas llegan en un momento de lucha contra la inflación, que si bien ha conseguido descender varios puntos desde su cénit hace unos meses, sigue disparada en los precios de los alimentos, que pueden verse aún más encarecidos por los efectos de la sequía.

Según los últimos datos oficiales, los embalses españoles se encuentran al 51,12 % de su capacidad, con una situación crítica en Andalucía, Murcia, el sur de Castilla La Mancha y el norte de Cataluña.

Si bien en lo que va de año se superan las cifras de las mismas fechas del año pasado, que fue especialmente seco, los embalses tienen alrededor de un 30 % menos de la media de los últimos diez años.

El pasado mes fue el segundo mes de marzo más cálido y con menos precipitaciones de lo que va de siglo XXI. Salvo el año pasado, hay que remontarse hasta el año 2008 para encontrar una situación más crítica de los embalses.

La situación de sequía ya ha provocado restricciones en Cataluña, donde desde principios de marzo el Gobierno autonómico puso en marcha medidas que afectan a 224 municipios de 15 comarcas, donde residen más de seis millones de habitantes.

Entre esas medidas se encuentra el límite del consumo máximo de agua por habitante a 230 litros, la reducción de la dotación de regadío agrícola en un 40 % o la disminución de un 15 % del agua destinada a usos industriales. Además, se prohíbe regar jardines y zonas verdes, salvo excepciones; el riego de césped; o la limpieza de calles o fachadas con agua potable.

Si la falta de precipitaciones se prolonga durante toda la primavera, las restricciones de agua llegarán a núcleos de población importantes y a zonas más extensas del territorio español.

Por el momento, Andalucía –que alberga el Parque Natural de Doñana– es la otra zona cero de la sequía en el país. Parte de la provincia de Sevilla ya hace meses que prohibió el regado de jardines y zonas deportivas, la limpieza de calles y fachadas o el llenado de piscinas con agua potable. Varios municipios de Huelva sufren restricciones nocturnas desde hace casi un año y en Málaga se limita el consumo y riego de agua embalsada.

Incendios y desertización

La falta de lluvias y las altas temperaturas han coadyuvado a que en lo que va de año el fuego haya arrasado en el país ya más de 53.000 hectáreas, según la estimación que hace el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

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El primer gran incendio del año quemó más de 4.600 hectáreas entre las provincias de Teruel y Castellón. Después ha llegado el turno de Cantabria, Asturias y Navarra, al norte del país, donde las llamas mantuvieron en vilo a sus habitantes y a las fuerzas de extinción de incendios.

Desde que comenzó el año se ha quemado un 35 % más de terreno que durante el mismo periodo del año pasado, que ya fue considerado el peor del siglo en este aspecto. Aunque la mayoría de los fuegos son intencionados, su violencia y extensión se ve favorecida por las circunstancias ambientales.

La sequía, el aumento de los incendios y el sobreaprovechamiento de agua para la agricultura y la ganadería intensiva, así como para la construcción, agravan a su vez un problema que acecha a dos terceras partes del territorio español: la desertificación.

Estas zonas, sobre todo en la región Mediterránea, tienen unas particularidades que incluyen un clima semiárido, sequías estacionales, suelos pobres tendentes a la erosión, crisis en la agricultura tradicional, explotación insostenible de los recursos hídricos y repetidos incendios forestales.

Los estudios apuntan a que España será una de las regiones más afectadas de Europa por las sequía extremas y la que sufrirá una mayor desertificación. Yo son más de 9 millones las hectáreas que están catalogadas como zonas de riesgo alto o muy alto de padecer este fenómeno, casi el 20 % del país.