Congresistas que cobran a empleados: ¿quiénes son las 'mochasueldos' que causan repudio en Perú?

Cinco congresistas son investigadas por la Fiscalía de la Nación de Perú por ser presuntas autoras del delito de concusión, producto de los supuestos cobros irregulares a trabajadores de su despacho, como han revelado medios de comunicación locales.

Se trata de Magaly Ruiz, del partido Alianza para el Progreso; Rosío Torres, de Alianza para el Progreso; Katy Ugarte (no agrupada a ninguna formación política en el Congreso de la República); Heidy Juárez, de Podemos Perú; y María Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular.

En una investigación periodística, divulgada el domingo por el programa Punto Final del canal Latina, Cordero Jon Tay se sumó a la lista de las 'mochasueldos', como las han bautizado los medios locales.

En su testimonio, un extrabajador de la congresista desveló que Cordero Jon Tay le exigía el 50 % de su salario y luego el cobro pasó a representar 75 % de su salario. Uno de sus pretextos era que necesitaba el dinero para cubrir los gastos de la campaña electoral para acompañar a la entonces candidata presidencial, Keiko Fujimori, y el exlegislador, Kenji Fujimori.

Además, alegaba que parte de sus gastos correspondían a la manutención del expresidente Alberto Fujimori, quien está en prisión actualmente. "Fuera de otras cosas de alimentos, fuera de las medicinas del jefe, fuera de lo que paga el jefe en Centenario, yo lo pago", contaba en las grabaciones divulgadas por la prensa local.

No obstante, desde el fujimorista partido Fuerza Popular han negado la versión de la congresista, dado que el expresidente -condenado por delitos de lesa humanidad- tiene seguro médico. También anunciaron "acciones pertinentes" que concluyan con la expulsión de Cordero Jon Tay.

Un caso repetido

El escándalo de las 'mochasueldos' comenzó cuando se supo que la parlamentaria Magaly Ruiz demandaba 1.500 soles (alrededor de 395 dólares) a exempleados de su despacho. Ella argüía que se trataba de dinero usado como caja chica para temas relacionados a la protección a la infancia, pero descubrieron que era mentira.

Torres, por su parte, fue denunciada por obligar a sus trabajadores a depositar parte de sus sueldos en las cuentas bancarias de su sobrino. Cecilia Salazar Mattos, una de sus exasesoras, contó que entre julio de 2021 y agosto de 2022, le transfirió 24.562 soles (6.472 dólares).

El programa Cuarto Poder, del canal América Televisión, también difundió los recortes de salario de trabajadores del despacho de la congresista Ugarte, que supuestamente eran para pagar publicaciones en prensa que mejoraran su imagen en la región Cusco. Mensualmente lograba acumular hasta 2.000 soles (527 dólares).

En el caso de Juárez, un semanario local mostró que a cuatro empleados de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso —que preside la legisladora— les reclamaba hasta 1.000 soles (263 dólares), a través de su asesor principal.

Posibles consecuencias

Letrados consultados por diversos medios en Perú han coincidido en que las cinco congresistas enfrentan una posible pena de dos u ocho años por el presunto delito de concusión.

El abogado penalista Benji Espinoza aseguró a la radio Exitosa que en estos hechos se cumplen los tres requisitos para que sean sentenciadas.

"Primero: las congresistas son altas funcionarias públicas; segundo: habría abuso de su cargo porque aprovecharon su condición congresal, a través de un intermediario, para exigir que se les pague una parte del sueldo que le corresponde a personal del Congreso; y tercero: el beneficio es normalmente para ellas", comentó.