'Guerra' de encuestas y escándalos de corrupción marcan la carrera a las presidenciales de Paraguay

A una semana de las elecciones presidenciales en Paraguay, la contienda está centrada entre el candidato oficialista Santiago Peña (Partido Colorado); y el opositor Efraín Alegre (Concertación Nacional).

El próximo 30 de abril, la ciudadanía está convocada a elegir presidente, vicepresidente, 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales.

En Paraguay no existe la segunda vuelta, así que incluso un puñado de votos a favor puede hacer la diferencia para que se declare a un ganador. En ese escenario, la situación es de incertidumbre.

A pesar de que hay 13 duplas de candidatos a presidente-vicepresidente, la intención de voto la acaparan Peña y Alegre, y las encuestas anticipan resultados divergentes que son promovidos por ambos políticos.

Por ejemplo, las consultoras Ali Snead, Multitarget y Rodolof Grau aseguran que Peña lidera con entre el 38 % y el 46 % de los votos. Por el contrario, la firma Datos prevé el triunfo de Alegre con el 45 %, mientras que Atlas vaticina un empate técnico.  

En un tercer lugar aparece el senador Paraguayo Cubas, con alrededor del 12 %; seguido por el excanciller Euclides Acevedo y el exfutbolista José Luis Chilavert, quienes rozan el 2,0 %. El resto de los candidatos no supera el 1,0 % de las preferencias.

Perfiles

Efraín Alegre es el candidato de la Concertación, un bloque opositor conformado por 23 partidos que busca terminar con la hegemonía del Partido Colorado, que ha gobernado Paraguay desde 1943, con la excepción de las presidencias del progresista Fernando Lugo (2008-2012) y de Federico Franco (2012-2013), un político que se autodefine de centro.

A sus 60 años, este abogado, exdiputado y exsenador preside el Partido Liberal Radical Auténtico y llega a la contienda acompañado de su candidata a la vicepresidencia, la exministra de la Secretaría Nacional de Vivienda Soledad Núñez.

En 2013 se postuló por primera vez a la presidencia y quedó en segundo lugar, al obtener el 37 % de los votos contra el 46 % de Cartes. En 2018 quedó mucho más cerca: alcanzó el 43 % frente al 46 % de Abdo Benítez. Como la diferencia fue tan corta, Alegre denunció fraude, pero las autoridades terminaron reconociendo el triunfo del actual mandatario.

Ahora, Alegre va por su tercera candidatura presidencial con la esperanza de repetir las experiencias de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de Andrés Manuel López Obrador en México, los políticos de izquierda que alcanzaron el poder luego de varios intentos fallidos.

En la vereda de enfrente se encuentra el candidato oficialista Santiago Peña, un joven economista de 44 años que fue funcionario del Banco Central y que luego trabajó en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en EE.UU., lo que le granjea simpatías en la derecha de Paraguay. Su compañero de fórmula como candidato a la vicepresidencia es Pedro Alliana, expresidente de la Cámara de Diputados.

En 2015, el entonces presidente Horacio Cartes designó a Peña como Ministro de Hacienda. Aunque durante su adolescencia se había afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico, un partido de centroizquierda y el más antiguo del país, ya como funcionario se pasó a las filas del Partido Colorado.

Por eso se le identifica como el candidato de Cartes. Los críticos de Peña incluso apuestan a que, si los colorados ganan la presidencia, quien realmente ejercerá el poder será el exmandatario que está acosado por escándalos de corrupción.

Denuncias

La campaña de Alegre primero quedó afectada por la fuerte disputa política entre Cartes y el presidente Mario Abdo Benítez, quien en las internas que se realizaron en diciembre para elegir al candidato del Partido Colorado apoyó al exsenador Arnoldo Wiens.

Pero también ha resentido el impacto de las causas por corrupción de algunas de las principales figuras del oficialismo. Entre los casos más graves, destacan las sanciones que EE.UU. impuso en enero tanto a Cartes como al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, a quienes acusó de formar parte de la "corrupción sistémica" que padece el país sudamericano.

En ese momento, el Departamento del Tesoro explicó que la sanción, impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implicaba que todas las propiedades e intereses que Cartes y Velázquez tienen en EE.UU. "o en posesión o control de personas estadounidenses" serían bloqueadas, además de que ya no podrían realizar transacciones.

"Durante su mandato como presidente y desde entonces, Cartes se ha involucrado en un patrón concertado de corrupción, incluido el soborno generalizado de funcionarios gubernamentales y legisladores. Durante más de una década, Cartes aprovechó su riqueza e influencia adquiridas ilícitamente para expandir su poder político y económico sobre las instituciones paraguayas", aseguró del Departamento del Tesoro.

Según las autoridades estadounidenses, en 2013, Cartes les habría pagado a los miembros del Partido Colorado hasta 10.000 dólares a cada uno para que apoyaran su candidatura presidencial. Y una vez que asumió el poder, habría entregado coimas de entre 5.000 y 50.000 dólares a congresistas.

Con respecto a Velázquez, Washington denuncia que "se ha involucrado ampliamente en prácticas corruptas, incluido el tráfico de influencias y el soborno".

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Pese a las denuncias, Abdo ha mantenido en su cargo al vicepresidente, quien primero renunció pero después se arrepintió y decidió continuar ejerciendo con el argumento de que no hay causas judiciales en su contra ni en EE.UU. ni en Paraguay.

Las acusaciones estallaron el año pasado, cuando EE.UU. prohibió el ingreso a ese país de Cartes y de sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes Montaña.

"Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. Esto le permitió a Horacio Cartes participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por EE.UU.", afirmó Marc Ostfield, embajador de EE.UU. en el país suramericano.

Por ello, la campaña del opositor Alegre se ha enfocado en prometer una ardua lucha contra la corrupción, en tanto que Peña ha garantizado la transparencia de su gestión.