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El Congreso de España aprueba definitivamente la reforma de la ley del 'solo sí es sí'
La modificación ha salido adelante con los votos del PP y el rechazo de los socios de investidura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', después de meses de polémica por la revisión a la baja de condenas a agresores sexuales que se produjo tras su entrada en vigor.
La propuesta de modificación del Partido Socialista (PSOE), en el Gobierno, ha contado con el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros grupos minoritarios.
En frente se han encontrado con el rechazo de Unidas Podemos (UP), socio en el Ejecutivo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). En total han cosechado 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones.
La clave de la modificación reside en la reforma de varios artículos del Código Penal, que incrementa las penas si la agresión se comete "empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad".
Los grupos que se oponían a este cambio, liderados por UP, proponían por su parte cambios que respetaran el mantenimiento de un tipo básico definido únicamente por la falta de consentimiento y dejaba la violencia y la intimidación para los agravantes.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, propulsora de la norma junto a otros Ministerios, ha lamentado que después de ratificar el Convenio de Estambul, España sea el primer país que "da un paso atrás".
A pesar de que su iniciativa ha visto la luz verde, los diputados del PSOE no han aplaudido la aprobación, buscando evitar una foto de celebración en sintonía con la bancada popular.
Los socialistas defienden que solo se han puesto de acuerdo con el PP para cuestiones técnicas, buscando "ajustar y redefinir las horquillas de las penas", pero sin modificar "ni una coma sobre el consentimiento", sostiene la diputada Andrea Fernández, quien ha acusado al PP de intentar sacar "rédito político de la violencia sexual".
Sin embargo, también los socialistas han sido acusados por las formaciones que han votado en contra de haber accedido a la modificación por un cálculo político, cuando el país se encuentra a poco más de un mes de la celebración de elecciones municipales y regionales.
Lo cierto es que el PSOE se avino a pactar la reforma legislativa después de la polémica que se suscitó tras la entrada en vigor de la norma, el pasado mes de octubre, que propició la rebaja de condenas a agresores sexuales.
Según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, en total, hasta el 31 de marzo, se han producido 978 reducciones de pena desde el pasado mes de octubre, que han supuesto al menos 104 excarcelaciones.
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