La Administración de Joe Biden no se detendrá ante nada para proteger a Estados Unidos contra las supuestas amenazas a la seguridad que plantea China, incluso si las acciones que debe tomar dañan la economía de su propio país. Así lo manifestó este jueves la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un discurso en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, en Washington.
"La seguridad nacional es de suma importancia en nuestra relación con China", señaló la funcionaria. "Primero, aseguraremos nuestros intereses de seguridad nacional y los de nuestros aliados y socios, y protegeremos los derechos humanos", afirmó.
"No dudaremos en defender nuestros intereses vitales. Aunque nuestras acciones específicas pueden tener impactos económicos, están motivadas únicamente por nuestras preocupaciones sobre nuestra seguridad y valores", remarcó Yellen.
"También revisamos cuidadosamente las inversiones extranjeras en Estados Unidos en busca de riesgos de seguridad nacional y tomamos las medidas necesarias para abordar dichos riesgos", declaró.
Asimismo, Yellen acusó a Pekín de realizar prácticas económicas "desleales" y de "adoptar una postura más confrontativa" hacia EE.UU. y sus aliados en los últimos años. Washington tiene un "amplio conjunto de herramientas" para hacer frente a las amenazas a la seguridad del gigante asiático, como los controles de exportación y sanciones contra entidades que brindan apoyo al Ejército Popular de Liberación chino, explicó.
Sanciones irracionales
La semana pasada, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó en su 'lista negra' a cinco compañías chinas que se dedican a la distribución de semiconductores y componentes electrónicos, por supuestamente intentar evadir los controles estadounidenses y comerciar con Rusia.
Pekín advirtió que tales medidas "ilegales" ponen en peligro las cadenas de suministro globales. "La acción de EE.UU. no tiene fundamentos en el derecho internacional y no está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio chino. "Se trata de una típica sanción unilateral y de su 'jurisdicción de brazo largo', que daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas, además de afectar la seguridad y la estabilidad de la cadena de suministro global", denunció.