El general Marcos Gonçalves Dias, de 73 años, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia y uno de los hombre de confianza de Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este viernes ante la Policía Federal después de su polémica dimisión.
La crisis se desató después de que CNN publicara una grabación en la que se veía a Dias circulando por el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, mientras los bolsonaristas perpetraban los ataques del pasado 8 de enero en Brasilia.
En una de las imágenes, se veía al general abriendo una puerta próxima a la sala presidencial para que salieran los invasores. En otra captura se muestra una clara colaboración de los agentes del GSI con los bolsonaristas, a quienes incluso les ofrecieron agua.
Tras una reunión el miércoles con el mandatario, Dias –único militar con cargo de ministro en el Gobierno–, comunicó su renuncia. El general fue jefe de seguridad de Lula durante en sus dos primeros mandatos (2003-2010) y también estuvo al frente de la Coordinación de Seguridad Institucional durante el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).
En una entrevista a TV Globo, Dias se desvinculó de los hechos y aseguró que las imágenes fueron sacadas de contexto. El general explicó que aquel día preservó el tercer piso del palacio.
"El corazón del Planalto, que es la oficina del presidente, se conservó. Se conservó toda el ala de la oficina personal y el cuarto piso se conservó completamente de estos invasores", comentó.
Durante su administración, el exmandatario Jair Bolsonaro puso al frente del GSI al general Augusto Heleno, quien a su vez nombró a militares de su confianza para integrar el ministerio.
"Desmilitarizar el gobierno"
Hasta principios de 2023, el GSI brindó seguridad personal al presidente y a sus familiares. Sin embargo, al llegar al poder, Lula decidió que su seguridad estuviese a cargo de la Policía Federal.
El actual mandatario brasileño ya temía por el papel de los militares en el seno de la administración y por eso, antes de convertirse por tercera vez en presidente, consideró que había que "desmilitarizar" el Gobierno que dejó su antecesor.
Por eso, ya en la presidencia, Lula se dispuso a deshacer lo tejido por Bolsonaro, que desde su llegada al poder en enero de 2019 nombró a 6.000 militares en el gobierno y la administración.
De entrada, el mandatario izquierdista destituyó por lo menos a 150 militares que actuaban en la presidencia, la vicepresidencia y el gabinete de Seguridad Institucional. También nombró a decenas de civiles a cargos hasta ahora ocupados por uniformados.
Y decidió retirar al GSI el control de la Abin, la poderosa agencia de inteligencia, para ponerla bajo las riendas del ministro de la Casa Civil (una especie de jefe de Gabinete), Rui Costa, uno de sus funcionarios de máxima confianza.
"Cada persona que participó en el golpe será juzgada, tendrá derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve, pero no dejaremos de juzgar a cada golpista, porque en este país no hay lugar para nazis, fascistas y a quienes no les gusta la democracia", afirmó Lula esta semana.
Según Folha de Sao Paulo, el ministro interino del GSI, Ricardo Cappelli, aseguró que Lula le ha pedido renovar y despolitizar el ministerio.
El Supremo Tribunal Federal imputó también esta semana a 100 bolsonaristas, que responderán por un amplio abanico de presuntos crímenes, como intento de golpe de estado, terrorismo, asociación criminal o destrozo de patrimonio protegido por la UNESCO.
Además, la Policía Federal citó a Bolsonaro a declarar el próximo miércoles sobre estos violentos ataques.
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