"Chollo para los okupas" o protección de vulnerables: la nueva polémica de la ley de vivienda en España

La vivienda continúa siendo uno de los temas centrales de la precampaña electoral para los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán en España el próximo 28 de mayo.

A colación de la tramitación de la Ley de Vivienda que los dos partidos del Gobierno de coalición están negociando con varios grupos parlamentarios minoritarios, la oposición ha vuelto a esgrimir la preocupación por la ocupación de viviendas para criticar la nueva legislación.

En esta ocasión, la crítica parte de una enmienda transaccional que se aprobó en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado jueves con el apoyo del Partido Socialista, Unidas Podemos (UP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más País, Compromís, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Demócrata de Cataluña (PDeCat).

Borja Sémper, portavoz del comité de campaña del conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, acusaba en la mañana del lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "chollo" para los "okupas", cuando comparecía ante los medios para anunciar que su formación votará este jueves en contra de la Ley de Vivienda.

Sémper se refería en concreto a la enmienda transaccional que ha sido objeto de polémica tras ser publicada en varios medios nacionales, afirmando que "es un incentivo para los okupas", porque "dificulta y ralentiza" el desalojo de quienes dejan de pagar y obliga al propietario a cumplir ciertos requisitos.

"Sánchez es una oportunidad fantástica para los okupas, es un chollo para los okupas, pero tengo que decirles que ese chollo se terminará cuando Feijóo llegue al Gobierno y no tendrán esta situación tan cómoda", sostenía el portavoz popular.

Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia por el PP, se expresaba también este lunes en parecidos términos y sostenía que la ocupación ilegal "se ha incrementado un 50 % en los últimos años, sin que se hayan tomado medidas eficaces".

La encargada de responder estas críticas ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha negado que la ley dificulte el desahucio de los okupas y que, por el contrario, el Gobierno está impulsando la tramitación de la ley de Eficiencia Procesal "para que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los okupas, con 'k', que acceden ilegalmente a las viviendas".

¿Qué dice realmente la enmienda transaccional?

La enmienda transaccional objeto de polémica, que ha sido interpretada como una mayor "garantía para los okupas" por algunos medios y políticos de la oposición, agrega dos apartados al artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El añadido impide a los grandes tenedores (aquellos que poseen diez o más viviendas) que desahucien a personas vulnerables de inmuebles que constituyan su vivienda habitual sin haber realizado previamente un acto de conciliación, inadmitiendo sus demandas.

Tampoco se admitirán las demandas en las que no se especifique esos tres extremos (si el propietario es gran tenedor, si el inmueble constituye vivienda habitual del ocupante y si este se encuentra en situación de vulnerabilidad económica), que deberán ser acreditados por el propietario.

'Okupación', allanamiento de morada e impagos

La ocupación ha sido un tema recurrente durante los últimos años en el debate político y las tertulias televisivas o radiofónicas. Así, cada vez que desde una parte del arco parlamentario se piden medidas que protejan a inquilinos ante los elevados aumentos de los precios de la vivienda y otros abusos, desde el lado contrario se alude a esta cuestión.

En la mayoría de los casos, el debate se hace en términos de brocha gorda, sin especificar situaciones diferentes que también obtienen diferentes respuestas por parte de la administración de Justicia y de las fuerzas del orden.

Estrictamente, la ocupación, que el Código Penal recoge como usurpación, se produce en una vivienda inhabitada, es decir, no estarían incluidas las viviendas habituales de los propietarios, ni las segundas o terceras residencias. Suelen ser apartamentos vacíos pertenecientes a bancos o promociones inmobiliarias que no llegaron a venderse en su día.

En este caso, el proceso para expulsar a los ocupantes es lento, toda vez que constituye su domicilio, el cual por ley es inviolable, y se necesita de un proceso judicial que respete los derechos de todas las personas involucradas.

Esta situación comenzó a extenderse en lo peor de la crisis económica que explotó en 2008, cuando el número de desahucios de personas de sus viviendas alcanzó su máximo histórico. Por ejemplo, en el primer semestre de 2011, más de 32.000 familias fueron expulsadas de sus hogares en España por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas tras perder sus trabajos.

Otra situación que se suele meter en el mismo saco es cuando un inquilino que tiene un contrato de alquiler en vigor, por circunstancias sobrevenidas, no puede pagar el alquiler. En este caso, se suelen tardar entre 3 y 6 meses en recuperar el inmueble.

Por último, el caso menos frecuente pero que más titulares ocupa es el del allanamiento de morada. No se trata de una ocupación, sino de que un individuo ingrese en una vivienda que sí está habitada, aunque sea una segunda o tercera residencia. En ese caso, se trata de un delito flagrante y la Policía puede actuar inmediatamente para expulsar al delincuente. Se trata de un delito grave que puede ser penado con hasta cuatro años de cárcel en el caso de que se ejerza violencia.

Sin embargo, en muchas ocasiones estos tres casos se mezclan en el debate público, alarmando a la ciudadanía con que si se van de vacaciones o a hacer la compra, un okupa puede meterse en su domicilio y tardará varios años en sacarlo de ahí, algo que es falso.

Según las últimas cifras divulgadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2022 se produjeron 38.266 desahucios en el país, una cifra muy elevada pero que significa una reducción del 7,5 % con respecto a 2021. Casi el 72 % se produjo por el impago del alquiler, mientras que el 22,2 % fueron ejecuciones hipotecarias.

En el caso de ocupación ilegal de viviendas en todo el ejercicio se registraron 2.748 casos, un 20 % menos que un año antes.