El Congreso de Colombia interpela este miércoles en la tarde al ministro de Defensa, Iván Velásquez, un pedido realizado por la bancada opositora del uribismo el pasado 22 de marzo, al argumentar que ha sido "irresponsable" mientras ha estado en el cargo.
Según el parlamentario uribista José Jaime Uscátegui, citado por medios locales, la razón de la moción de censura contra Velásquez –pautada para las 2:00 de la tarde– es porque durante los siete meses que ha estado a cargo del despacho de Defensa, en el país se han incrementado los asesinatos de policías, masacres, secuestros, reclutamientos de menores por los grupos armados, entre otras supuestas irregularidades.
La proposición con la que el Centro Democrático busca destituir a Velásquez, contó con el apoyo de 27 congresistas de oposición. El proyecto exige al ministro que explique hechos que la oposición considera relevantes sobre actos violencia ocurridos en el país, así como las acusaciones de supuesta corrupción en Guatemala, hechas por las autoridades de ese país centroamericano.
Según el documento de moción de censura, citado por medios locales, el expediente incluye cinco puntos para debatir en la cámara:
- Hechos ocurridos el 2 de marzo del 2023 en la región de "Los Pozos" de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.
- Actuaciones del ministro frente a delitos de alto impacto.
- Denuncias desde Guatemala por presuntos hechos de corrupción y la salida de Ana María Garzón de la Secretaría General del Ministerio de Defensa.
- Presunto incumplimiento de decretos al cese al fuego expedidos por el Gobierno y llamado urgente de los gobernadores del país.
- Supuesta violación de la soberanía colombiana por parte de la Guardia Nacional de Venezuela.
¿Qué pasó con Velásquez en Guatemala?
A mediados de enero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala aseguró que emprendería "acciones legales" contra el ministro de Defensa colombiano, por sus presuntos "actos ilegales, arbitrarios y abusivos" cuando estuvo a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo independiente perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y cuya acción en ese país centroamericano fue acordada con el Gobierno.
Ese anuncio fue hecho por el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, quien informó que supuestamente Velásquez habría incurrido en corrupción con la constructora brasileña Odebrecht, al presuntamente aprobar acuerdos de cooperación con dos directivos de esa empresa en 2017.
La polémica acusación contra Velásquez, de 67 años, se da luego de los años de trabajo, entre 2013 y 2017, que el funcionario colombiano estuvo al frente de la CICIG, una instancia que logró judicializar a más de 1.500 personas vinculadas a decenas redes y mafias de corrupción en las instituciones estatales guatemaltecas y en las que aparecen señalados grupos de gran poder económico como expresidentes, una exvicepresidenta, exministros, diputados, altos funcionarios de Estado, narcotraficantes, empresarios y alcaldes.
Ante la acusación, Velásquez respondió con un comunicado donde dijo tener "tranquilidad" porque el trabajo en Guatemala se realizó con "total transparencia y dentro del marco legal" que amparó el funcionamiento de la CICIG.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue tajante en fijar posición y dijo que "jamás" aceptaría la "orden de captura" contra su ministro, quien "demostró luchar contra la corrupción" y "contra la impunidad". "No permitiremos que la corrupción lo persiga", agregó.
La situación escaló rápidamente a las relaciones bilaterales de Colombia con Guatemala, porque Petro decidió llamar a consultas a su embajador en el país centroamericano.
"Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, en acorralarlos, no tenemos nada que hacer con ese país", señaló el presidente colombiano, tras calificar a Velásquez como "un hombre justo" que trabajó con "transparencia y honestidad" en el país centroamericano.
En respuesta a la reacción de Petro, su par de de Guatemala, Alejandro Giammattei, lo llamó a la "cordura" y expresó que el hecho de que la Fiscalía investigue a Velásquez, no implica que sea una "persecución penal". A esto, el mandatario colombiano dijo: "Los cuerdos no llevan las sociedades al matadero".
La expulsión de Velásquez de Guatemala
Mientras Velásquez estuvo frente a la CICIG, concretó decenas de capturas y condenas contra varios políticos de poder en ese país, entre ellos, el expresidente Otto Perez y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, sentenciados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación tributaria.
Además, el ahora ministro de Defensa consiguió que la CICIG condenara a por los menos otros siete exministros guatemaltecos, así como varios diputados y empresarios, todos relacionados a casos de corrupción y los escándalos de la constructora Odebrecht.
A inicios de 2019, la presencia de la CICIG en Guatemala se tornó irritante para el gobierno de Jimmy Morales, quien decidió finalizar unilateralmente el acuerdo que sostenía el Estado de Guatemala con Naciones Unidas para permitir el trabajo de Comisión en el país.
Según Morales, la CICIG debía dejar de existir. La postura del mandatario fue rechazada por la ONU y la Justicia de Guatemala, sin embargo, el presidente, que contaba con el apoyo de los empresarios, llevó adelante su decisión cesar el funcionamiento de la comisión.
Tras la orden de Morales, la entonces subdirectora de Migración, Raquel María Vicente, emitió una carta para expulsar de Guatemala a Iván Velásquez e impedirle su regreso al país. Además, el alto funcionario fue declarado persona non grata y acusado por el mandatario, sin pruebas, de supuestamente inducir "a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad".
¿Qué dicen Petro y Velásquez?
Petro sigue confiando plenamente en Velásquez y ha señalado que sus adversarios solo intentan dañar la imagen del ministro, porque ha sido "el gran investigador contra la parapolítica", por develar la corrupción gubernamental en Guatemala y porque ha logrado incautar la mayor cantidad de droga en la historia de Colombia.
De acuerdo con cifras expuestas por Velásquez, entre el 1° de enero y el 19 de abril de 2023, la Fuerza Pública colombiana ha incautado 195,7 toneladas de cocaína y destruido 67 laboratorios para su fabricación, además de 1.664 toneladas de pasta de coca.
En los últimos días, quienes critican a Velásquez han tratado de vincularlo con una supuesta trama de corrupción en la compra de 55 vehículos blindados al Gobierno de Canadá, para así tratar de ampliar su expediente en la moción de censura.
Sin embargo, según medios locales, el contrato para dicha transacción fue pactado por la anterior administración de Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, el 20 de mayo de 2022. Ese pacto había sido trabajado desde noviembre de 2019, cuando se dieron las primeras intenciones de compra.
En medio de la controversia, el ministro Velásquez se ha manifestado a favor de que se instale en Colombia una comisión como la CICIG que él dirigió en Guatemala.
"¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico? ¡Ah, la soberanía!", ironizó el titular de Defensa.
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