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Ejecutan en Singapur a un preso por traficar 1 kilogramo de marihuana
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU había solicitado al país que "reconsiderara urgentemente" la ejecución.
Singapur aplicó el miércoles la pena de muerte a un preso condenado por ser cómplice en el tráfico de 1 kilogramo de marihuana, la primera ejecución en la isla en lo que va de año, anunciaron las autoridades.
"Al singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, se le ha ejecutado hoy la pena capital en el complejo penitenciario de Changi", dijo un portavoz del servicio de prisiones de Singapur a AFP.
Tangaraju, de origen tamil, fue condenado a muerte en 2017 por participar en una "conspiración de tráfico" de 1.017,9 gramos de cannabis desde Malasia, el doble del volumen mínimo necesario para la pena capital en Singapur.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó el martes a las autoridades de esa nación asiática que "reconsideraran urgentemente" la ejecución.
A su vez, activistas mencionaron varias preocupaciones sobre el manejo del caso. Dijeron que la condena se basó en pruebas débiles y declaraciones del interrogatorio policial sin que estuviera presente un abogado o un intérprete para el acusado.
Además, la familia del condenado envió una carta a la presidenta del país, Halimah Yacob, para que considere y acepte la petición de clemencia.
El magnate Richard Branson, miembro de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas con sede en Ginebra, escribió el lunes en su blog que Tangaraju "no estaba cerca" de las drogas en el momento de su arresto y que Singapur podría "estar a punto de ejecutar a un hombre inocente".
Por su parte, el Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada "más allá de cualquier duda razonable". Señaló que dos teléfonos móviles, que según la Fiscalía pertenecían a Tangaraju, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos.
La ejecución de Tangaraju es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo de 2022, cuando el país volvió a aplicar este tipo de castigo tras un paréntesis de más de dos años.
Mientras, organizaciones de derechos humanos reclaman la abolición de la pena de muerte en el país del sudeste asiático, que tiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo.
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