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Perú afirma que no permitirá ninguna "práctica injerencista" tras el duro informe de la CIDH
El primer ministro, Alberto Otárola, enfatizó el "pleno respaldo y apoyo del Gobierno a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional".
El Gobierno de Perú tildó como una "práctica injerencista" el duro informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó la acción represiva de la fuerza pública durante las protestas en la nación andina.
"Podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero no se puede aceptar que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales de los organismos constitucionalmente autónomos del Perú", declaró el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Entrevistado por la emisora local RPP, Otárola aseguró que Perú "respeta los compromisos internacionales" y por lo tanto, el Gobierno de Dina Boluarte "está dispuesto a implementar" en un lapso de 60 días una serie de sugerencias de la CIDH.
Ahora el titular de la PCM señala en @RPPNoticias que el informe de la CIDH es temático con recomendaciones para varios organismos. “El Estado peruano lo analizará y verá su pertinencia”, afirma. pic.twitter.com/0nmA5ahevq
— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 4, 2023
En la víspera, el ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció las "presuntas violaciones de derechos humanos como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza en casos concretos, inclusive de forma indiscriminada contra la población".
"El uso excesivo de la fuerza constituye una fuente de violaciones de derechos humanos", notificó la CIDH, tras constatar hechos de represión por parte de policías y militares durante las manifestaciones contra Boluarte, que se produjeron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Cuestionado sobre una supuesta orden desde el Ejecutivo a las fuerzas del orden para que no usaran armas de fuego, el presidente del Consejo de Ministros evitó aclarar el asunto y se limitó a esperar el resultado de la indagación que desarrolla el Ministerio Público.
"Las responsabilidades son individuales", aseveró Otárola, sin ofrecer más detalles, mientras avanza la investigación fiscal, que es de carácter reservada.
Igualmente, manifestó que en el gabinete rechazaban enérgicamente cualquier intento que pretenda "obligar" al Ejecutivo a "asignar responsabilidades que solo puede hacer un juez".
"El Perú tiene uno de los reglamentos más desarrollados sobre el uso de la fuerza", añadió Otárola, quien remarcó el "pleno respaldo y apoyo del Gobierno a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional".
El informe de la CIDH contabiliza 57 muertes durante las protestas y detalla lo ocurrido en la localidad de Ayacucho, donde 10 personas —incluido un adolescente— perdieron la vida debido a impactos de armas. Del mismo modo, alude a lo sucedido en Juliaca, donde murieron 19 personas—de ellas, tres adolescentes— también a manos de las fuerzas de seguridad.
Ante esto, la Comisión condenó el "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de agentes del Estado peruano y, particularmente sobre los hechos acontecidos en Juliaca, instó a investigar con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial "las graves violaciones de derechos humanos".
Supervisarán su cumplimiento
La Defensoría del Pueblo, por su parte, anunció este jueves que supervisará el cumplimiento de las 36 sugerencias planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el organismo subrayó que el Estado peruano "tiene el deber de adoptar estas recomendaciones en atención a nuestro compromiso internacional de defensa de derechos humanos".
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