La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recusó este jueves a los jueces que debían revisar la condena en su contra en la causa 'Vialidad', en la que recibió una pena de seis años de prisión por corrupción en la obra pública.
Los integrantes de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal son Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Este último decidió apartarse este jueves, debido a que ya se pronunció en una causa paralela en la que fue condenado a diez años de prisión el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, informó la agencia Télam.
Falta de independencia
Los abogados de la exmandataria sostienen que los dos primeros deben ser recusados porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad, ya que trascendió en medios que sostuvieron encuentros con el expresidente Mauricio Macri durante la gestión del político derechista.
En cuanto a Carbajo, el pedido de apartamiento se debe a que ya había "adelantado su opinión sobre el tema".
De todos modos, Borinsky y Hornos deben definir si aceptan la excusación de su colega, aunque la defensa de Fernández de Kirchner también solicitó que no sean ellos los que decidan sobre el asunto.
Proceso cuestionado
Durante el proceso judicial que terminó con su condena, la vicepresidenta argentina ya había recusado a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían pedido 12 años de prisión contra la exmandataria por considerarla "jefa de una asociación ilícita".
Para la líder peronista, la causa 'Vialidad', así como otras investigaciones que se le siguen, forman parte de una persecución judicial o 'lawfare' (guerra jurídica) con el objetivo de "proscribirla" políticamente. En sus discursos, ha sostenido que la condena en el caso 'Vialidad' "ya estaba escrita", y suele denunciar un entramado "mafioso" entre la oposición macrista y el Poder Judicial.
La sentencia a seis años de prisión, la única que prosperó hasta ahora a una instancia condenatoria, aún no está firme. Después de ser revisada por el Tribunal de Casación, puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal también es cuestionado por el oficialismo, que impulsa en el Congreso un juicio político a sus miembros por mal desempeño de sus funciones.