La inminente finalización de la norma conocida como Título 42 ha provocado un estado de emergencia en la frontera entre EE.UU. y México, en donde se padece un clima de extrema tensión ante la posibilidad de que se concrete una nueva y masiva llegada de migrantes que agrave la crisis humanitaria que persiste desde hace años.
El Gobierno de EE.UU. ya anunció que enviará 1.500 soldados más a una frontera que, del lado mexicano, ya es custodiada por 2.500 efectivos de la Guardia Nacional. También reveló la creación de Centros Regionales de Procesamiento Migratorio en Colombia y Guatemala con el fin de frenar la migración desde los países de origen.
La intención es evitar el desborde de la situación, pero la crisis ya se evidencia en las calles y en los albergues de las ciudades fronterizas, en donde se hacinan miles de personas, principalmente latinoamericanas, que escapan de las violencias que padecen en sus países y que tienen la esperanza de obtener asilo en EE.UU. para poder trabajar legalmente.
El Título 42, que comenzó a regir en marzo de 2020 y vencerá el próximo jueves, permitía que los migrantes indocumentados encontrados en territorio estadounidenses fueran deportados de inmediato a México, o a sus países de origen, con la excusa de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de coronavirus.
Bajo este programa, en los últimos tres años se frenaron los trámites de asilo en EE.UU. y se concretaron más de 2,6 millones de expulsiones, una cifra récord. Además, hubo miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
A partir del viernes 12 de mayo regirá el Título 8, que estaba vigente previo al Título 42. Aunque establece sanciones penales, deportaciones y juicios contra los migrantes indocumentados, las autoridades temen que la desinformación o la posibilidad de reabrir los trámites de asilo incentive un arribo masivo de personas.
Hasta fines del año pasado, estaban en espera 1,6 millones de solicitudes de asilo de migrantes que apelan a este derecho con el argumento de que en sus países los persiguen por motivos políticos, de raza y religión, o por su pertenencia a colectivos de la diversidad sexual, entre otros.
En alerta
Luego del anuncio del reforzamiento de la militarización en la frontera, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió a la asesora de Seguridad Nacional de EE.UU., Elizabeth Sherwood-Randall, con quien acordó la continuidad de programas migratorios ya establecidos entre ambos países.
Según el comunicado oficial del encuentro, EE.UU. se comprometió a recibir a más de 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador por motivos de reunificación familiar; y seguirá aceptando a personas de países como Cuba, Haití y Venezuela.
Este viernes, López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard insistieron en que el fin del Título 42 no implica que EE. UU. facilitará el ingreso de migrantes.
"Es muy importante informar porque en los últimos días estamos viendo un flujo muy importante de migrantes sobre la base de un engaño. Les dicen a las personas: 'apúrense para llegar a EE.UU. cruzando México porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42'. Les dicen que, como esa disposición ya no va a estar vigente, ahora sí se pueden ir para allá. Les cobran entre 5.000 y 7.000 dólares por persona", explicó Ebrard.
El ministro de Relaciones Exteriores aclaró que esto es mentira e invitó a las personas interesadas en emigrar a EE.UU. a realizar los trámites de manera legal para evitar riesgos.
Pero, más allá de las advertencias, la tensión es latente. Tanto, que incluso el Gobierno estadounidense emitió una serie de recomendaciones para prevenir el impacto que puede tener en los elementos de la patrulla fronteriza la llegada masiva de migrantes.
Uno de los casos más críticos se vive en la ciudad de El Paso (Texas), fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, y que es una de las principales rutas de los inmigrantes.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, declaró esta semana un estado de emergencia porque miles de migrantes están viviendo en las calles, sin condiciones mínimas de alimentación e higiene.
Además, los albergues estatales o los operados por organizaciones humanitarias ya advirtieron que no se dan abasto, a pesar de que en los últimos ampliaron su capacidad para recibir al mayor número posible de personas.
Pero no hay forma de recibir a los 12.000 migrantes que, según las autoridades, ya están en la ciudad y a los que se sumarán miles más en los próximos días.
"La razón por la cual declaramos un estado de emergencia es para asegurarnos de que estaremos preparados para el 11 de mayo, el 12 de mayo, para tener alojamientos públicos, y que esto sea realmente temporal", precisó el alcalde, ante una crisis en la que solicitará el apoyo de la Cruz Roja.