El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió este martes continuar con el proceso de juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, señalado del presunto delito de peculado.
Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, los legisladores aprobaron en la sesión 868 la resolución que permite continuar con este trámite contra el mandatario.
La resolución establece: "Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, por la infracción constitucional de peculado, prevista en el numeral segundo del artículo 129 de la Constitución".
Esa resolución, en la que se señala que sí existen las pruebas sobre el delito que acusan al mandatario, fue presentada al comienzo de la sesión de este martes por la asambleísta Viviana Veloz, una de las que solicitó en marzo pasado el inicio del proceso contra el presidente.
Una vez aprobada la medida, ahora le corresponde al presidente del Congreso, Virgilio Saquicela, fijar la fecha para el proceso. Asimismo, el Parlamento debe notificar a Lasso al respecto.
El caso pasó a ser decidido por todos los legisladores de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento no logró aprobar su informe sobre el juicio político, que iba a ser remitido al pleno para su discusión.
Ese informe, según había adelantado el viernes el titular de esa Comisión, Fernando Villavicencio, recomendaba no avanzar con el proceso, al concluir que el mandatario no habría incurrido en el presunto delito de peculado del que se le acusa.
¿Hay o no peculado?
Lasso es señalado de haber cometido peculado por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.
El caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno en Ecuador. Ese año, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con el que Amazonas Tanker Pool se sumó al contrato.
En noviembre de 2021, cuando ya Lasso tenía seis meses en el cargo como presidente, la Contraloría General del Estado emitió un informe en el que indicó que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado. Por ello, la institución recomendó evaluar "la conveniencia y pertinencia de continuar" con la asociación.
Según la acusación de los legisladores que solicitaron el juicio político, Jhonny Estupiñán, quien era gerente de Flopec, intentó dar por terminado el contrato, pero habría sido removido de su cargo por esta razón, en marzo de 2022. El entonces funcionario planteó una acción de protección para volver al puesto y la ganó, por lo que fue restituido en junio.
Sin embargo, a Estupiñán se le habrían impuesto dos asesores para la gerencia y posteriormente se habría firmado un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool el año pasado, bajo la administración de Lasso.
Villavicencio comentó el viernes de la semana pasada que los acusadores no presentaron "ni una sola prueba" de la firma de un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool el año pasado.
"Ese contrato no existe", dijo. Por tanto, el parlamentario menciona que el mandatario no habría incurrido en ningún delito y por ello la Comisión que dirige había concluido en su informe no llamar a juicio a Lasso.
En la discusión de este martes en el Parlamento, la asambleísta Veloz insistió en que sí hay un nuevo contrato firmado durante el actual gobierno con Amazonas Tanker Pool.
Dijo que es una adenda o contrato complementario, que habría sido firmada el año pasado y que tendría "dos clausulas contractuales gravísimas".
En la moción aprobada por la Asamblea se detalla que "se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual" y se asegura que el mandatario "conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec".
También se sostiene que el jefe de Estado, junto con otro funcionario, "definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado".
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