Los jueces que deben revisar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa 'Vialidad' rechazaron la recusación presentada por la vicepresidenta argentina, informó el diario La Nación.
Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal son Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, quienes habían sido cuestionados por la exmandataria por supuesta falta de independencia y parcialidad.
Se sospecha que Borinsky y Hornos tendrían vínculos con el expresidente de derecha Mauricio Macri, a quien "visitaban periódicamente", según trascendió en los medios locales.
Deportes en Olivos
El medio El Destape reveló documentos oficiales que indican que ambos magistrados frecuentaban la Quinta presidencial de Olivos cuando Macri era el jefe del Ejecutivo. El propio Borinsky reconoció que fue a jugar al padel y al tenis a la residencia que ocupó Macri entre 2015 y 2019.
Sin embargo, la causa fue desestimada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los imputados y aseguró que las reuniones no existieron, aunque constan en los registros de Olivos 16 visitas de Borinsky y dos de Hornos.
Con la decisión de este miércoles de rechazar el planteo de Cristina Fernández, los camaristas serán los encargados de establecer si queda firme o no la condena que recibió la vicepresidenta, de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos por corrupción en la obra pública.
En su resolución, Hornos y Borinsky aceptaron la excusación de Javier Carbajo, otro integrante de la Cámara de Casación. Este último decidió apartarse del caso 'Vialidad', debido a que ya se pronunció en una causa paralela en la que fue condenado a diez años de prisión el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero.
Después de ser revisada por el Tribunal de Casación, la condena puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal también es cuestionado por el oficialismo, que impulsa en el Congreso un juicio político a sus miembros por mal desempeño de sus funciones.
A lo largo de todo el proceso, la líder peronista acusó irregularidades y falta de pruebas. Y recusó, sin éxito, a los jueces de las instancias anteriores y a los fiscales que la investigaron.
Para la líder peronista, la causa 'Vialidad', así como otras investigaciones que se le siguen, forman parte de una persecución judicial o 'lawfare' (guerra jurídica) con el objetivo de "proscribirla" políticamente.