La Policía de Andorra investiga si el abogado Juan Ramón Collado, que se encuentra en una cárcel de Ciudad de México desde mediados de 2019 por blanqueo de capitales, pagó bienes y servicios de lujo a políticos mexicanos por 10,5 millones de dólares (aproximadamente 9,6 millones de euros).
Collado, que fue letrado del expresidente Enrique Peña Nieto, habría empleado ese dinero entre 2008 y 2015 para abonar gastos en hoteles de lujo, restaurantes, joyerías y clínicas de estética, entre otros, en España, EE.UU., Francia, Italia, México y Suiza.
La Policía del país europeo quiere saber quiénes fueron los clientes reales de los montos pagados con diez tarjetas de crédito que estaban a nombre de Collado, con las que también se pagaron vuelos y alquileres de vehículos y se retiró efectivo en todos esos países.
Según un informe de la Unidad de Investigación Económica y Financiera de Andorra, al que tuvo acceso El País, habría 464 cargos realizados con esas tarjetas a nombre de Collado y de sus sociedades pantalla. Todas ellas estarían radicadas en la Banca Privada d'Andorra (BPA), en la que el abogado llegó a mover 110 millones de euros (unos 120 millones de dólares) entre los años 2006 y 2015.
Los gastos fueron realizados en distintos países al mismo tiempo, por lo que, a juicio de los investigadores, habrían correspondido a diferentes personas vinculadas con la política mexicana.
Los agentes han solicitado a la magistrada que instruye el caso de blanqueo contra Collado que pida a aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de vehículos y distintos establecimientos de lujo que faciliten la identidad de los clientes de los diferentes bienes y servicios.
Presunta relación con el crimen organizado
La Policía andorrana sospecha que el origen de la fortuna de Collado sea legal y cree que se encuentra conectada con entramados del crimen organizado, debido a la opaca mecánica utilizada por el letrado para hacer llegar el dinero a la BPA.
Así, los investigadores sostienen, citando como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), que las 16 compañías mexicanas con cuenta en la BPA que transfirieron fondos a Collado, también fueron usadas por el narcotráfico. "En un segundo nivel [las empresas] tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín el 'Chapo' Guzmán, para mover capitales producto de la venta de droga", consta en el informe.
El organismo mexicano había detectado asimismo que esas entidades pantalla también habrían sido utilizadas por otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con la corrupción.
El informe revelado por el medio español se enmarca en el caso de la Operación Jet, que investiga si Collado cometió blanqueo de capitales y un delito contra la administración de justicia.
Se sospecha que el letrado podría haber actuado como testaferro de dirigentes mexicanos en Andorra, lo que explicaría el uso por parte de terceras personas de las tarjetas de crédito que estaban a su nombre.
"El volumen de pago, además de sufragar el nivel de vida acomodado del encausado Collado, también pondría al descubierto que probablemente los auténticos beneficiarios de las tarjetas de crédito proporcionadas por la entidad bancaria fueron terceras personas próximas a las esferas políticas de México y que el investigado, en realidad, fue un fiduciario de una parte de los fondos ingresados en las cuentas abiertas en la BPA", recoge el documento.
Por su parte, el abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, niega las acusaciones y sostiene que las tarjetas solo fueron utilizadas por su cliente para abonar sus propios gastos, alegando que se pueden hacer compras simultáneas en diferentes partes del mundo por Internet.
En octubre de 2018, se suspendieron las pesquisas contra Collado. La jueza andorrana se vio obligada a detener la investigación por blanqueo y liberar los fondos de Collado tras recibir un informe de la Procuraduría General de la República de México (hoy Fiscalía General) que justificaba el origen legal de su fortuna emitido durante el último periodo del mandato de Peña Nieto.
Sin embargo, ahora la Policía de Andorra sostiene que ese fue un "informe engañoso", enviado para conseguir el desbloqueo de los fondos. El abogado fue arrestado en julio de 2019 en México, ya bajo el mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y fue entonces cuando se reabrió la investigación andorrana.