El presidente de Bolivia, Luis Arce, le solicitó al papa Francisco acceso a los expedientes de los sacerdotes acusados de abusos sexuales en el país andino, y que están en poder de El Vaticano.
"Acudo a usted, hermano Francisco, para solicitarle la revisión conjunta con nuestro Gobierno nacional de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en Bolivia, pues ningún sacerdote con antecedentes (...) debe estar desempeñándose como educador o guía espiritual", señaló Arce en la misiva que fue leída por la ministra de la presidencia, María Nela Prada.
El escrito se dio a conocer el mismo día en que Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y experto en este tipo de casos a nivel mundial, llegó a Bolivia para investigar el creciente escándalo de los abusos masivos cometidos durante décadas por curas.
La nueva crisis por pederastía en el seno de la Iglesia Católica comenzó el mes pasado, cuando el periódico El País publicó el diario personal en el que Alfonso Pedrajas, un cura español fallecido en 2009, registró los abusos sexuales que cometió durante los años 80 y 90 en contra de por lo menos 85 niños que iban a las escuelas jesuitas en Bolivia.
Desde entonces, las denuncias han ido en aumento y ya hay 13 jesuitas implicados en más de 200 abusos o en su encubrimiento. Algunos de ellos ya están fallecidos y por lo menos ocho han sido suspendidos de sus funciones.
Arce denunció que estos delitos "deplorables y aberrantes" permanecieron ocultos durante mucho tiempo y con absoluta impunidad, gracias al silencio de la estructura eclesiástica loca, que los encubrió con indiferencia e indolencia.
"Esta situación ha provocado en la población boliviana un profundo dolor, repudio y frustración, sentimientos a los que me adhiero como primer mandatario de mi país", explicó Arce en la carta.
Justicia
Además de repudiar los crímenes, el presidente convocó a las autoridades religiosas a no limitarse a emitir comunicados, sino a colaborar en la búsqueda de justicia para que los crímenes no queden impunes.
"Pido a usted que la justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referentes a estas denuncias y hechos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano", agregó Arce.
También recordó que Bolivia había otorgado a los miembros extranjeros de la institución eclesiástica facilidades de ingreso, permanencia y hasta la nacionalidad para que cumplieran una misión religiosa y educativa, pero fallaron por completo.
Por ello, advirtió, el país está diseñando mecanismos que fortalezcan el control y la revisión de los antecedentes personales para el ingreso de otros religiosos a territorio boliviano.
"El Estado boliviano se reserva el derecho de admitir el ingreso de nuevos sacerdotes y religiosos extranjeros a territorio nacional que tengan estos antecedentes de abuso sexual contra menores, entretanto se proceda con la revisión de los acuerdos y convenios vigentes", señaló.
En otro fragmento de la carta, Arce recalcó que no se trata de "errores" o "desviaciones de conducta", sino de delitos que dañan de por vida a niñas y niños y a la propia Iglesia Católica.
"Los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes, como lo dijo usted, representan la cancelación de la infancia y una llaga para la sociedad y la Iglesia, atentan contra la integridad, la dignidad, los derechos y la vida de quienes más tenemos que proteger", afirmó.