El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este martes que solicitará un "informe pormenorizado" sobre la actuación de la Fiscalía frente a los asesinatos de líderes sociales.
En una entrevista con La FM, el mandatario colombiano dijo que en los próximos días se realizará un Consejo Superior de Política Criminal, al que espera que asista el Ministerio Público, para hacerle la solicitud de la información.
En este último mes, las tensiones entre el titular de la Fiscalía, Francisco Barbosa, y el presidente, han llegado a su punto más álgido en medio de intercambios de declaraciones sobre las competencias de ambos.
Mientras que el líder del Pacto Histórico señala al fiscal general de permitir que haya impunidad en el país ante la presunta inacción del ente acusador, Barbosa considera que el mandatario se ha extralimitado en sus funciones y que sus declaraciones atentan contra la separación de poderes.
La situación llegó a un punto crítico cuando Petro le recriminó a Barbosa la supuesta falta de acciones de varios funcionarios de ese organismo que, según una denuncia de un medio de comunicación, habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, que finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo.
"Acabar con la impunidad"
Petro considera que para "acabar con la impunidad" es necesario "reducir el crimen en el tiempo", al igual que su "virulencia y barbarie".
El presidente colombiano considera que el acercamiento inicial con Barbosa fue de "buenas maneras", por su parte, pero esa fase inicial "se agotó".
En su opinión, el tema pendiente de la impunidad es un "inmensa realidad que él ya no puede resolver", porque su gestión frente a la Fiscalía culmina a principios de 2024, por lo que no cuenta con el tiempo suficiente.
Los asesinatos de líderes sociales
El presidente manifestó que constitucionalmente está capacitado para "solicitar informes sobre hechos que alteran el orden público". En su opinión, la "sistemática capacidad" de las organizaciones criminales para matar líderes sociales y políticos corresponde a una alteración de ese tipo.
Por ello, solicita un informe "pormenorizado" sobre lo que ha hecho la Fiscalía al respecto. "En esa medida, en ese Consejo Superior, dependiendo de la discusión, vamos a hacer una propuesta", agregó.
Uno de los desafíos del mandato de Petro, que asumió la presidencia en agosto pasado, era el tema pendiente del aumento de homicidios de líderes y luchadores sociales y el reclamo constante de las comunidades de una mayor presencia del Estado.
Frente a esto, el Gobierno colombiano instaló los Puestos de Mando Unificado (PMU) por la Vida en 65 municipios del país como una de sus primeras medidas, en el contexto de la política de 'paz total'.
Cifras encontradas
Desde enero hasta marzo de este año, la Defensoría del Pueblo contabilizó el homicidio de 35 líderes sociales, lo que implicó una reducción, en comparación con ese mismo periodo de 2022, cuando se registraron 59 asesinatos de ese tipo, recoge El Espectador.
De enero a diciembre del año pasado, hubo 215 víctimas mortales, según el organismo.
Por su parte, la Fiscalía contabilizó 197 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos hasta noviembre de 2022. Al respecto, la dependencia realizó 38 imputaciones —25 más que en 2021— y presentó ocho escritos de acusación, en los que se obtuvieron siete condenas, según El Tiempo.
Este conteo también es realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que reseña hasta el momento 66 líderes sociales y defensores ultimados durante el 2023. El año pasado cerró con 189 hechos de este tipo, según esa organización.
Durante el mandato del expresidente Iván Duque (2018-2022) fueron asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, según los datos de Indepaz.
Falta de esclarecimiento
Sobre este tema, los defensores de los derechos humanos han denunciado en reiteradas oportunidades la lentitud de las investigaciones para esclarecer estas muertes y el retraso en la judicialización de los responsables.
Asimismo, han señalado como posibles causas de estas muertes las disputas por el control territorial de grupos armados y organizaciones criminales; la pasividad o complicidad de los cuerpos de seguridad de Estado; y la presunta responsabilidad de empresas de explotación de recursos naturales en este tipo de asesinatos.