Jueza de Colombia niega preclusión: el expresidente Uribe podría ir a juicio por soborno y fraude
La Justicia en Colombia dictaminó este martes que no es posible archivar el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe porque hay suficiente evidencia para que la Fiscalía General de la Nación siga la investigación e incluso lo eleve a un juicio penal.
La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, negó la tarde de este martes la preclusión en el caso contra Uribe, imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Sin embargo, la Fiscalía apelará decisión judicial. Según informó el periódico Semana, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Javier Cárdenas, manifestó que presentará el recurso para que sea la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la que resuelva si deja firme la decisión de la jueza o, por el contrario, la revoca.
La Juez Laura Barrera advirtió que son bastante cuestionables los argumentos de la defensa y de la fiscalía con los cuales solicitan la preclusión del caso contra Uribe por soborno a testigos, y otros delitos. pic.twitter.com/Xfr2wlUQ8s
— Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) May 23, 2023
"Sí existen elementos legales probatorios y evidencia física que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva descrita en el artículo de soborno en actuación penal sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe", sostuvo Barrera en su dictamen.
Es la segunda vez que la Fiscalía General de la Nación intenta archivar el caso contra el ex jefe de Estado (2002-2010), dado que, en abril de 2022, otra jueza, Carmen Ortiz, también falló a favor de las víctimas del caso.
Orígenes del caso
Todo inició en 2012, cuando Uribe era senador y demandó a su colega de izquierda, Iván Cepeda, por manipulación de testigos en contra del exmandatario.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una indagación y, en cambio, arrancó el proceso por soborno y fraude contra el derechista. Cepeda fue declarado víctima.
La Corta Suprema de Justicia consideró que quien podía estar falseando información era el expresidente.
Así fue como comenzó un largo proceso legal que cambió el 18 de agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado y posteriormente perdió su aforamiento.
En ese instante la Corte perdió su competencia en el caso y de esa forma pasó a manos de la Fiscalía.