La Fiscalía de la Nación de Perú citó para el próximo 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte para declarar por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales.
Al menos 67 personas fallecieron en las manifestaciones ocurridas mayormente entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando miles de personas tomaron las calles para rechazar a Boluarte y al Congreso de la República, en su afán por promover elecciones adelantadas.
La represión estatal, a manos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, ha quedado confirmada en múltiples informes e investigaciones, entre las que destaca la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluso plantea la teoría de "ejecuciones extrajudiciales".
Boluarte forma parte de una investigación preliminar que lanzó el Ministerio Público por el presunto delito de genocidio. Una acusación que fue rechazada por su abogado, Joseph Campos.
"No tiene sentido la participación de la presidenta por genocidio", declaró Campos entrevistado por la emisora local Exitosa. "De ninguna manera hay genocidio y la responsabilidad política no existe porque las instrucciones fueron específicas y desarrolladas de acuerdo a ley", dijo.
Campos calificó de "absolutamente incorrecta" la incorporación de la mandataria al caso e indicó que "es algo inédito, no existe un precedente".
La Constitución del Perú blinda a la persona que encabeza el Estado, es decir, no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar.
"Se deteriora la imagen presidencial, no existe posibilidad alguna para que una investigación jurídica alcance a la presidenta", fustigó el letrado.
Según la emisora local RPP, la diligencia se realizará el 31 de mayo a las 9.00 de la mañana, en la sede central de la Fiscalía en Lima. Sin embargo, el abogado de Boluarte afirmó que eso está por "definir", por lo tanto no se descarta que declare en el Palacio de Gobierno.