El comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, anunció este viernes que Twitter ha salido del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación, una iniciativa del bloque comunitario suscrita en 2022 por 34 compañías relevantes del sector, incluyendo TikTok, Twitch, Vimeo, Microsoft, Google y Adobe.
Pese a recordar que se trata de un acuerdo voluntario y no una legislación vinculante, Breton aseveró que "las obligaciones permanecen". "Puedes correr, pero no puedes esconderte", escribió el funcionario europeo en su cuenta de Twitter.
"Más allá de los compromisos voluntarios, luchar contra la desinformación será una obligación legal bajo la Ley de Servicios Digitales [DSA, por sus siglas en inglés] a partir del 25 de agosto", agregó Breton, tras asegurar que sus equipos "estarán listos para la implementación" de la medida.
¿De qué va la nueva ley?
La nueva legislación, aprobada por la Unión Europea en abril del año pasado, sigue el principio de que "lo que es ilegal fuera de Internet debe serlo también en Internet". Busca que las plataformas en línea —incluidas redes sociales y mercados— evalúen y gestionen los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación.
La DSA se aplica a todos los intermediarios en línea que prestan sus servicios en la UE. Además, las plataformas y los motores de búsqueda "muy grandes", con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en el territorio comunitario, están sujetos a "requisitos más estrictos" y son supervisados por la Comisión Europea en cooperación con los Estados miembros.
Las grandes empresas tecnológicas también tienen que someterse a auditorías anuales independientes y dar a los reguladores y a los investigadores de terceros, incluida la sociedad civil, acceso a los datos de las plataformas y a la información de sus algoritmos para garantizar un mayor escrutinio y responsabilidad. Los gigantes tecnológicos pueden ser sancionados con multas de hasta el 6 % de su volumen de negocios total si se comprueba que violaron la ley de forma intencionada o por negligencia.