El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva corre a contrarreloj para evitar que el decreto provisional con el que reformó los ministerios al inicio de su gobierno pierda vigencia.
La medida, que estableció un total de 37 ministros en 31 carteras y seis órganos con estatus de ministerios, debe ser aprobada antes del 1 de junio.
De no votarse, se volvería a la estructura de la administración anterior de Jair Bolsonaro, que contaba con 23 ministerios. Se trata de una pugna política, pues el bolsonarismo tiene un gran peso en el Congreso que salió de las pasadas elecciones.
Ya la semana pasada, el Ejecutivo sufrió un duro golpe cuando una comisión mixta del Congreso aprobó quitar competencias a las carteras de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.
Aunque las modificaciones deben ser aprobadas por los plenarios de ambas cámaras, se trata de temas muy sensibles para la opinión pública, especialmente tras el mandato del ultraderechista, quien promovió el avance del agronegocio sobre las áreas protegidas y paralizó la demarcación de tierras.
"Una comisión del Congreso queriendo cambiar una estructura de gobierno que es difícil de cambiar. Ahora que el juego ha comenzado. Lo que no podemos hacer es asustarnos con la política (...) Es en la política donde se encuentran las soluciones a los grandes y pequeños problemas del país", comentó Lula la semana pasada.
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