La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes, por 283 votos a favor y 155 en contra, el texto principal de un proyecto de ley que restringe el reconocimiento de nuevos asentamientos indígenas, lo que representa un debilitamiento de los derechos de los pueblos originarios del país suramericano, recogen medios locales.
Arthur Maia, diputado del partido derechista Unión Brasil, resaltó que la legislación validará únicamente los territorios que ya estaban ocupados por la población nativa cuando Brasil aprobó su más reciente Constitución, el 5 de octubre de 1988.
De acuerdo con el proyecto aprobado, las comunidades indígenas deberán comprobar que ya habitaban permanentemente en las tierras "tradicionalmente ocupadas" para la fecha de la promulgación de la carta magna brasileña. También tienen que demostrar que esas áreas eran utilizadas para sus actividades productivas y que eran necesarias para la preservación de los recursos ambientales y la reproducción física y cultural.
Ante la dificultad de cumplir con tales requisitos, se prevé que los grupos indígenas sean expulsados en caso de no demostrar que se encontraban en un determinado territorio antes de 1988, caso en el que sus tierras no serán reconocidas como zona tradicionalmente ocupada. Tampoco se permitirá a los indígenas que hayan sido obligados a abandonar esos espacios que regresen a ellos.
El texto acordado recientemente por la Cámara de Diputados autoriza la siembra de cultivos transgénicos en tierras de los pueblos indígenas, además de que prohíbe la expansión de áreas definidas en el proceso de demarcación.
Otro de los aspectos que ha sido criticado por los opositores a la medida es que existe la posibilidad de que se validen títulos de propiedad individual en las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas. Según expertos consultados por medios locales, esto permitirá que se indemnice a las personas que no son indígenas que hayan invadido terrenos comunitarios. Asimismo, reiteraron que este proyecto viola tratados internacionales ratificados por Brasil.
La propuesta de ley aún requiere la aprobación del Senado brasileño y la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo previsible veto podría ser anulado por la mayoría del Congreso. Anteriormente, diputados oficialistas intentaron sacar el proyecto de la agenda legislativa, pero esa solicitud fue rechazada por 257 a favor y 123 en contra.