Frontera Comalapa, un municipio mexicano a poco más de 10 kilómetros en la frontera con Guatemala, se ha convertido en las dos últimas semanas en el núcleo de la violencia de los cárteles de la droga en el estado de Chiapas. Mientras los narcos se disputan el control del territorio, los pobladores claman por la permanencia del Ejército para sentirse seguros.
Esta región fronteriza lleva días sumergida en la violencia, desde que el pasado 22 de mayo se desataran cruentos enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa por el control de las rutas del trasiego de drogas.
Desde entonces se sucedieron ocho días de hostilidades y luchas hasta que el 30 de mayo elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía fueron desplegados en la zona tras las peticiones de la población.
Control del territorio
Finalmente, entre el miércoles y el jueves, las fuerzas de seguridad lograron tomar el control del municipio. El coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Víctor Fernández, informó que en su primer recorrido se habían encontrado diez armas largas, aunque no se produjo ningún detenido.
"Ahorita el clima es de calma, estamos ahorita verificando la información que salió en medios de comunicación donde se hablaba de 3.000 desplazados y más de 60 personas muertas, hasta el momento no hemos encontrado indicios que verifiquen esta información", agregó Fernández en declaraciones recogidas por los medios locales.
También informó que prevén que el operativo sea permanente, con la instalación de tres retenes en el territorio, uno rumbo a Motozintla, en el camino a Chicomuselo y en la ruta a Comitán, tres de las principales comunidades del municipio.
Por su parte, el miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y policías estatales y municipales emitieron un comunicado conjunto en el que informaron de que "las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de forma conjunta con la implementación de operativos y vigilancia permanente, así como en el envío de ayuda humanitaria a la población".
Desplazamiento
El comunicado, recogido por medios como La Jornada, reconoce que "algunas familias decidieron salir de sus hogares para los poblados aledaños", aunque informa que ya estaban "retornando a sus casas ante la tranquilidad que brinda la presencia de las autoridades".
Así, aproximadamente 1.500 agentes consiguieron poner freno a más de una semana de balaceras y bloqueos protagonizados por el crimen organizado. Tras ello, de las 3.000 personas desplazadas, alrededor de 600 pobladores del ejido Nueva Independencia, Pablo L. Sudar, Lázaro Cárdenas y Candelaria han regresado a sus hogares, según sostiene el Sol de México.
Otros grupos, hasta completar el millar de personas, habrían regresado a las comunidades Nueva Libertad y Flores del Grijalva. Todos ellos fueron escoltados por militares.
El Ejército les informó del descubrimiento de artefactos explosivos artesanales, por lo que solicitó a los ciudadanos que verificasen sus viviendas y les informasen de cualquier artilugio sospechoso.
Denuncia de violencia y reclutamiento
Esta situación violenta de guerra entre grupos criminales en Frontera Comalapa se prolonga ya desde hace dos años. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denuncia que además de los desplazamientos, la población local sufre ejecuciones y el reclutamiento de sus jóvenes bajo amenazas de muerte.
La lucha entre narcos se ha llevado por delante la vida de líderes locales, además de que han sufrido represalias por los criminales. Así sucedió en septiembre del año pasado, cuando en una comunidad de Frontera Comalapa se denunció la desaparición del comisario Rolando Rodríguez a manos de sicarios, después de que hubiera denunciado ante instancias del Ejército los enfrentamientos de los grupos criminales.
No es el único caso, en los últimos 18 meses se calcula que se han registrado casi 60 denuncias por desapariciones forzosas.
El Frayba refiere que este 25 de mayo hubo víctimas mortales fruto del fuego cruzado; el 26 de mayo se disparó contra los asistentes al entierro de una de las fallecidas el día anterior y comenzó el desplazamiento de personas; y el 27 de mayo se registraron diversos bloqueos y se denunció la circulación de una caravana de vehículos artillados usados por las bandas criminales.
La organización también recoge el reclutamiento forzoso de jóvenes de diversas comunidades y el desplazamiento de al menos 3.000 personas, "unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo". Además, la ola de violencia propició que los servicios de salud y educación fueran suspendidos.
Ayuda humanitaria
Ahora, tras la vuelta de la calma, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas ha activado un operativo de ayuda humanitaria a los desplazados de este municipio a los que se proporcionará alimentos y cobijo. En coordinación con la Sedena, se trabaja en la posibilidad de activar refugios temporales.
Por su parte, los pobladores esperan que la presencia de las fuerzas del orden sea permanente y que se establezcan acciones y operativos que les permitan mantenerse en sus viviendas y proteger la vida de sus familias.