Los asistentes de los eurodiputados sufren un acoso sistemático, tanto psicológico como sexual, por parte de sus jefes, pero las autoridades del Parlamento Europeo prefieren ignorar tales casos para evitar una "mala impresión" sobre la institución legislativa de la UE, informa Politico.
De acuerdo con una nueva investigación del medio basada en conversaciones con 37 personas, testigos y víctimas a las que se concedió el anonimato, los funcionarios de menor rango llevan años sufriendo abusos de poder por parte de los eurodiputados y la escala del problema está ya "fuera de control".
"Estaba absolutamente muerto física y mentalmente", dijo un asistente que presentó una denuncia contra su eurodiputado, afirmando que perdió 10 kilogramos y le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático.
Por su parte, una de los asistentes de la eurodiputada española Mónica Silvana González, que fue sancionada por el Parlamento en enero por acoso psicológico, contó que fue sometida a "humillaciones personales y profesionales". Así, se vio obligada a utilizar su propia tarjeta de crédito para pagar los gastos de su jefa y reunirse con ella en su casa, a pesar de las restricciones impuestas durante la pandemia. También fue presionada en repetidas ocasiones para que hiciera tareas personales para González, como reparar Internet y la electricidad en su casa e incluso inscribir a su hijo en la escuela.
Otra exempleada del Parlamento, que renunció recientemente por el acoso psicológico de un eurodiputado, reveló que también se registraron casos de abuso sexual. "A lo largo de mi carrera me he enfrentado al acoso sexual de mis jefes: palmadas en el trasero, privación de ascensos por rechazar ciertas cosas", afirmó.
"Esto crea una mala impresión"
Al mismo tiempo, Politico indica que, a pesar del acoso por parte de los propios diputados, el mayor problema es que las denuncias de las víctimas suelen quedar sin atención o pueden necesitar hasta dos años para que sean resueltas.
Según el procedimiento de tramitación de denuncias, los empleados que sufren acoso por parte de sus eurodiputados tienen que presentar primero una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, que decide si el caso es admisible y solo entonces puede remitirlo al comité asesor en quejas de acoso. A continuación, si el comité decide iniciar una investigación formal, llama a declarar al político denunciado y a su víctima. Solo entonces el comité recomienda al presidente del Parlamento si se necesita sancionar al legislador o no.
Algunas víctimas afirman haberse sentido "física y mentalmente muertas" y haber tenido pensamientos suicidas mientras esperaban meses a que se tramitaran sus denuncias.
Otros datos obtenidos por el medio muestran que la actual política de control de los casos de acoso es inadecuada y no solo no protege a las víctimas, sino que en algunos casos se las disuade activamente de presentar denuncias para proteger la reputación de la institución. "El Parlamento no quiere que haya constantes sanciones por acoso. Esto crea una mala impresión", dijo una persona familiarizada con el asunto.
De acuerdo con una asistente, que sufre acoso por parte de su eurodiputado y estaba a punto de presentar una denuncia, había buscado apoyo en varios servicios parlamentarios, pero no encontró ninguno. Según ella, todos le aconsejaron que dimitiera por decisión propia.
"El personal teme presentar las denuncias porque el proceso es muy estresante para las víctimas. No creo que tengan confianza en el proceso", declaró Marcel Kolaja, eurodiputado checo.