El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este martes a la Fiscalía General de su país que inicie una investigación sobre el escándalo de los presuntos sobornos millonarios que habrían cometido "altos funcionarios" del Gobierno de Iván Duque en complicidad con el ex primer ministro de Italia Massimo D'Alema, varios mediadores y dos empresas italianas de participación pública, con el pretexto de la compra de aviones, barcos y equipos militares.
Petro comentó que las autoridades italianas ya habían avanzado en las averiguaciones por este caso, en el que los sobornos negociados para distribuir entre los altos funcionarios colombianos y los involucrados de Italia serían superiores a los 80 millones de dólares.
El mandatario colombiano hizo referencia a este presunto caso de corrupción tras citar un reportaje del medio italiano Corriere della Sera, en el que se detalla que la Fiscalía de Nápoles inició las investigaciones y en ellas aparecen involucrados la excanciller y exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Edgardo Fierro Flores; y dos delegados de comisiones del senado colombiano que fueron identificados como Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Priego.
Por la parte italiana se encuentran investigados y solicitados por la justicia, el ex primer ministro D'Alema; el exconsejero de administración de la empresa aeroespacial Leonardo, Alessandro Profumo; y el exdirector general de la división de buques de guerra de la compañía naviera Fincantieri, Giuseppe Giordo, entre otros mediadores de la operación comercial.
Según el expediente que adelanta la Fiscalía napolitana, que ya inició la búsqueda de los involucrados, todos los sospechosos están investigados por delitos relacionados con una presunta trama de corrupción a través de la venta de barcos y aviones militares a Colombia.
"Los sospechosos actuaron con diversas funciones como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al Gobierno colombiano productos de empresas italianas con participación pública", dice la Fiscalía italiana y señala que a través de la empresa Leonardo se negociaron "aviones M 346" y mediante Fincantieri, varias corbetas, "pequeños submarinos", además de la construcción de astilleros.
Más de 4.000 millones de euros en negocios
De acuerdo con la investigación en Italia, la operación comercial que establecieron las partes por la compra de los equipos militares tenía "como objetivo favorecer y obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros", más de 4.270 millones de dólares.
La orden de allanamiento emitida por la Fiscalía de Nápoles, citada por Corriere della Sera, dice que los italianos "Francesco Amato y Emanuele Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta". Estos sujetos tuvieron contacto con D'Alema, quien "actuó como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de las empresas italianas" Leonardo y Fincantieri.
Para concretar las negociaciones, explica el medio, los mediadores "ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros correspondientes al 50 % de la comisión total de 80 millones de euros", más de 85 millones de dólares.
"La suma total de 80 millones de euros se iba a dividir concretamente entre la parte colombiana y la parte italiana mediante el recurso al bufete de abogados estadounidense asociado Robert Allen Law", que tiene sede en Miami y fue contactada por D'Alema, que actuó "como agente e intermediario comercial formal de Fincantieri y Leonardo" para negociar directamente con "Umberto Bonavita y Gherardo Gardo".
El mencionado bufete, según la Fiscalía napolitana, se iba a encargar de "la preparación y firma de los contratos de simulación y justificación formal" de las transacciones financieras que se iban a distribuir para concretar los sobornos, proceso que no se concretó "por falta de acuerdo" sobre la distribución de los fondos "entre las personas físicas individuales que constituyen la parte italiana y la parte colombiana".
Para la Fiscalía de Nápoles, estas actuaciones constituyen una violación del Código Penal, que castiga "el desfalco, la extorsión, la inducción indebida a dar o prometer beneficios, la corrupción y la instigación a la corrupción", así como el abuso de funciones de miembros de tribunales internacionales u órganos de la Comunidad Europea, asambleas parlamentarias internacionales, organizaciones internacionales y funcionarios de las Comunidades Europeas y de Estados extranjeros.
Marta Lucía Ramírez se desmarca y afirma que no conoce a D'Alema
Tras hacerse público el escándalo, Marta Lucía Ramírez, una de las investigadas en Italia por los presuntos sobornos, afirmó que no conoce al ex primer ministro D'Alema y que cuando actuó como vicepresidenta y canciller del anterior Gobierno, no tuvo "funciones de compra de equipo militar".
"Ni como vicepresidenta tuve funciones relacionadas con la compra de equipo militar, ni como canciller recibí información sobre el escándalo contra el ex primer ministro de Italia Massimo D'Alema. La Embajada de Colombia manejó el tema con los Ministerios de Defensa de ambos países", explicó Ramírez.
En medio de la polémica, la ex alta funcionaria de Duque dijo que esta noticia ha sido difundida, según su parecer, como una "cortina de humo" para desviar la atención sobre el caso que involucra al exsenador Armando Benedetti, a la exfuncionaria del Gobierno de Petro Laura Sarabia y a su exniñera.
"Inaceptable que en el más grave escándalo político de Colombia por audios con graves confesiones de financiación de la última campaña presidencial, pongan cortinas de humo", comentó.
Para Ramírez "la lógica de los que cometen faltas" es pensar de la siguiente manera: "¿Cómo le bajamos el tono y distraemos la atención de lo de Laura Sarabia, Benedetti, las chuzadas (a las que ellos llaman despectivamente "sirvientas") y la financiación en la Costa y Chocó? Fácil, saquemos otro escándalo".
"Los que queremos que Colombia tenga democracia pedimos que cualquier acusación de corrupción con fundamento se investigue en cualquier tiempo y la Justicia proceda, sin caer en el juego de cortinas de humo", agregó.
De igual forma, el exministro de Defensa Diego Molano reaccionó al escándalo y dijo que "Petro miente". Además, asegura que fue el Gobierno de Duque el que "alertó" a Italia sobre "sospechas de un privado negociando por fuera de institucionalidad".
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