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La Fiscalía de El Salvador acusa al expresidente Cristiani de ordenar la matanza de sacerdotes jesuitas

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"Estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución", señala la imputación contra el exmandatario.
La Fiscalía de El Salvador acusa al expresidente Cristiani de ordenar la matanza de sacerdotes jesuitas

La Fiscalía de El Salvador acusó formalmente este lunes al expresidente Alfredo Cristiani de ser el responsable por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, cometida por el Ejército salvadoreño en 1989, en el marco de la guerra civil (1989-1992). 

De acuerdo con la institución del Poder Judicial, consta en las investigaciones que el exmandatario Cristiani (1989-1994) "estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución".

Además del exjefe de Estado, hay otras siete personas imputadas por los delitos de "homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo".

La investigación en el caso 'Jesuitas' ha determinado que el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en ese entonces, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre.

El asesinato de los jesuitas y dos colaboradoras ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la UCA, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador.  

Los ejecutores fueron miembros del ahora proscrito batallón Atlacatl y también han quedado imputados. Se trata de Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Inocente Orlando Montano (condenado en España), Carlos Camilo Hernández y Nelson Iván López, informó el periódico El Salvador.

Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina, entonces menor de edad.

La Fiscalía General ha ordenado asimismo la confiscación de los bienes del expresidente Cristiani, ya que también se lo acusa de delitos de corrupción durante su Gobierno. 

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