El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó la reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social, con la que se amplían las competencias de las organizaciones comunales en la vigilancia y control de la gestión gubernamental.
El instrumento, que viene a sustituir al sancionado en 2010, "consta de 21 artículos y seis capítulos", según se lee en una nota de prensa publicada por la Asamblea Nacional, a propósito de su aprobación en segunda discusión por mayoría calificada, en la sesión celebrada el pasado 25 de mayo.
¿Qué novedades incluye la reforma?
En apego a esa síntesis, la nueva Ley de Contraloría Social ordena la creación del Sistema Nacional de Contraloría Social, el Consejo de Contraloría Comunal y la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, desde los que se debe afinar la vigilancia en los distintos niveles del gobierno, sin menoscabo de la fiscalización sobre las acciones de particulares y de los propios entes del poder comunal asentados en los territorios.
Se prevé que la función contralora del poder comunal se desarrolle tras haber cumplido siete etapas: planificación, formación, supervisión, vigilancia, seguimiento, control y evaluación.
En relación con el Sistema Nacional de Contraloría Social, se precisó que en esta instancia se integrarán "los órganos del Poder Público con competencia en contraloría social, en cogestión con las organizaciones e instancias del Poder Popular".
Se indicó asimismo que el Consejo de Contraloría Social es resultado dela integración de las instituciones que operan en los niveles nacional, estatal, municipal y comunal.
Este tendrá como función coordinar, junto con las organizaciones del poder popular, las actividades destinadas a la "prevención, vigilancia, supervisión, control y seguimiento de los planes que se dirigen desde la gestión pública y popular", pero también de las actividades desarrolladas por el "sector privado que puedan afectar derechos e intereses colectivos".
Reimpulso del poder popular
Esta iniciativa se inscribe en una política más amplia de reimpulso del paquete de Leyes del Poder Popular aprobadas durante la administración del presidente Hugo Chávez (1999-2013), y que fue anunciada por Maduro en octubre de 2022, en razón de su obsolescencia con respecto a las dinámicas de la democracia directa que se ejerce desde las bases.
"Creo que ha llegado el momento de revisión de todas las leyes del poder popular, de todas las leyes del poder comunal, con un gran debate donde convoquemos a comuneros y comuneras (…) para rehacer y perfeccionar todas las leyes del poder popular y simplificar las fórmulas organizativas con las cuales el pueblo construye su democracia directa en la base", expresó entonces desde la comuna El Maizal, en el occidente del país.
En esa alocución, el mandatario instruyó al gabinete a evaluar críticamente las acciones u omisiones de los despachos, en términos del fortalecimiento del poder popular.