La muerte de una bebé de dos meses que falleció debido a un virus respiratorio desató una nueva crisis política para el Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, ya que la oposición intensificó sus críticas y exigió la destitución de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Además de ella, quien está en el centro de la polémica es el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, ya que se le acusa de ser el principal responsable de la insuficiente atención médica que recibió la víctima, así como de la saturación del sistema sanitario, en medio de la emergencia por el alza de virus respiratorios que se padece en el invierno austral.
Aguilera y Araos comparecieron el lunes por la mañana en la Comisión de Salud del Senado. Horas más tarde, el Partido Republicano, que lidera a la oposición, anunció que interpondrá una Acusación Constitucional en contra de la ministra, lo que equivale a un juicio político que podría culminar con su destitución.
Durante su exposición, Araos reconoció la magnitud de la crisis. Explicó que, debido al brote de este año de virus sincicial (respiratorio), cada semana están siendo atendidos 1.100 menores de edad en condiciones graves.
Agregó que, de las 1.170 camas pediátricas habilitadas en el sector público y privado, actualmente están ocupadas 1.094, es decir, el 93,5 %. Además, se han realizado 209 traslados pediátricos.
La controversia estalló porque se acusa a las autoridades de no haber consultado a una clínica privada para saber si, ante la saturación del sistema público, contaba con camas críticas para atender y trasladar de manera urgente a la bebé que, finalmente, falleció.
Críticas
Durante la comparecencia de los funcionarios de salud, la oposición no escatimó acusaciones.
"El subsecretario es un verdadero peligro para el sistema de salud, su permanencia no hace más que poner en riesgo a la población", advirtió el senador Benjamín Moreno, jefe de la bancada del Partido Republicano (derecha).
También explicó que la Acusación Constitucional que iniciarán se basa en infracciones graves al código sanitario y a la Constitución, ya que establece el derecho a la integridad física y psíquica de las personas.
"Todo esto se ve respaldado por la insuficiente campaña de inmunización, falencia en listas de esperas, uso de pabellones, atención a tiempo (…) una incapacidad e incompetencia total para brindar a la ciudadanía la atención de salud que merecen", dijo.
El subsecretario, en tanto, afirmó que, en un primer momento, a él se le informó que sí se había realizado el enlace con la clínica privada para trasladar ahí a la bebé.
Cuando descubrió que esto era falso, inició un sumario administrativo que permitirá saber quiénes son los responsables de la omisión que le costó la vida a la víctima. La justificación, sin embargo, no convence a los legisladores, incluso algunos de ellos oficialistas.
Es el caso, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri, quien es parte de la coalición gobernante Apruebo Dignidad, pero solo deslindó a la ministra Aguilera y ratificó que el subsecretario sí debe renunciar.
"Hemos detectado falencias y una grave carencia en la gestión y eso lo hemos constatado con los funcionarios, con las redes de usuarios, vemos la falta de fiscalización", afirmó.