Las medidas acordadas con la ultraderecha en Valencia dan pistas sobre un eventual Gobierno de España

Este jueves se conocieron las 50 medidas que componen el acuerdo al que han llegado el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox para la conformación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Con este pacto, la extrema derecha entra por segunda vez en un gobierno regional en España.

A pesar de que recoge un recopilatorio de intenciones con muy pocas concreciones, ha levantado mucho interés porque se presume un adelanto de lo que sucederá en otras regiones en las que está pendiente la formación de Gobierno después de las elecciones del pasado 28 de mayo, en donde el PP logró la mayoría absoluta en 459 municipios y ganó 23.414 concejales.

También puede ser un avance de lo que podría verse en caso de que se produzca un cambio de Gobierno tras los comicios generales del próximo 23 de julio, puesto que al igual que sucede en las autonomías, el Partido Popular solo puede gobernar si cuenta con el apoyo de Vox, que ya ha dicho que solo lo dará a cambio de entrar en el Ejecutivo.

Algunas de las señas de identidad de la formación de extrema derecha se recogen en el documento, como la negación de la violencia machista; ninguna alusión al cambio climático, del que también son negacionistas; las bajadas generalizadas de impuestos; o el rechazo a las leyes de memoria histórica y democrática.

La Vicepresidencia y tres consejerías

Como parte del acuerdo también se ha producido el reparto de sillas. Vox ha logrado la Vicepresidencia del Gobierno valenciano y tres consejerías, la de Agricultura, la de Justicia y la de Cultura, después de que el líder de la formación ultraderechista en el territorio, condenado por violencia machista y vetado por ese motivo por el PP, renunciara a su escaño anunciando su concurrencia a las elecciones generales.

Quizá el nombramiento que ha llamado más la atención ha sido la del extorero Vicente Barrera, que, sin ninguna experiencia gestora y tras cinco años afiliado a Vox, será el vicepresidente de la región.

Libertad

El primero de las nueve áreas de trabajo que contempla el documento hecho público es la libertad. Aquí destaca su apuesta por la derogación de las leyes de memoria, sosteniendo que garantizarán la "libertad de memoria", en consonancia con la renuencia de Vox a condenar la dictadura franquista y el rechazo constante a la legislación que permite, entre otras cosas, la exhumación de víctimas de la guerra civil y el franquismo que aún permanecen en fosas comunes.

También se recoge la aprobación de una ley "que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana", que muchos entienden que se refieren a la enraizada tradición taurina de esta región, ante el avance de las leyes de protección animal.

Sin embargo, en este sentido no se hace referencia a la defensa de una de las señas de identidad del territorio, como es su lengua propia, el valenciano, pero sí se menciona la "eliminación de las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los Països Catalans", en referencia a las organizaciones que defienden la unidad lingüística del catalán y valenciano, algo refrendado por los lingüistas.

Sin rastro de la violencia machista

La violencia machista no aparece nombrada en ninguno de los cincuenta puntos que componen el documento, sino que es sustituida por la "violencia intrafamiliar", un concepto utilizado por Vox cuando niega la existencia de la violencia por razones de género.

Sin embargo, la violencia machista se encuentra en el centro del debate público y su erradicación es una de las prioridades del Gobierno de España. Desde que comenzó a haber registros, en 2003, en el país 1.206 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 400 menores de edad han quedado huérfanos en los últimos diez años.

Asimismo, tampoco hay ningún tipo de referencia a la igualdad entre hombres y mujeres o a cualquier tipo de política para erradicar las brechas de género en los diferentes sectores, como el laboral o las pensiones.

Y sin cambio climático

El cambio climático y la crisis energética tampoco recibe ninguna mención en el texto, donde sí se hace referencia al mundo rural. En este sentido se contempla de manera genérica el impulso de medidas "para proteger de forma efectiva nuestro gran patrimonio medioambiental" y la defensa del "patrimonio natural".

En cuanto a la gestión del agua, se señala la defensa de los trasvases entre cuencas hídricas, a pesar de sentencias contrarias del Tribunal Supremo, y la ampliación de regadíos en el sector primario, en un momento de intensa sequía en el país, con zonas al borde de la desertificación -incluido el sur de la Comunidad Valenciana- y con la atención pública puesta en los regadíos que están poniendo en peligro reservas naturales como la de Doñana.

Menos ingresos y más gastos

El acuerdo incluye la eliminación de los impuestos de sucesiones  y donaciones, así como una reducción "drástica" de todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También se eliminará el impuesto de patrimonio y la tasa turística.

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La reducción de impuestos se producirá en la segunda región más endeudada del país (el 43,7 % de su PIB, por unos 55.439 millones de euros) y conlleva la exigencia al Gobierno central de una mayor financiación autonómica para compensar sus menores ingresos, algo que también recoge el texto.

En el apartado de los gastos destaca el de la Sanidad, que se comprometen a aumentar hasta el 30 % del total del presupuesto autonómico, mencionando expresamente la atención primaria.

Sin embargo, no se hace ninguna alusión a si el gasto se realizará en el sistema público de salud o a través de los numerosos conciertos sanitarios que todavía están vigentes en la región. Tampoco a si se continuará con la reversión de hospitales que se dejó en manos privadas antes de 2015 y que en los últimos años se estaban recuperando para la gestión pública.

Inmigración, okupas y pin parental

El documento acordado por Partido Popular y Vox recoge la mayor parte de la terminología y de los planteamientos difundidos en los últimos años por los últimos.

Así, la inmigración solo es citada en el contexto de la seguridad, recogiendo que "la Generalitat Valenciana pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas".

En este mismo apartado las medidas estrella van enfocadas a la ocupación ilegal de inmuebles, con la creación, entre otras, de una oficina de asesoramiento y acompañamiento a las víctimas, pero sin ninguna medida de apoyo habitacional para las familias vulnerables. En la Comunidad Valenciana se registraron algo menos de 2.000 denuncias en 2022 por este motivo.

Las dos formaciones pactan también que los padres puedan vetar el contenido de las actividades extracurriculares, recordando al pin parental que Vox ha exigido desde su irrupción en la política nacional, y que se entiende que está dirigido sobre todo a la educación para la igualdad y contenidos sobre derechos LGTBI y educación afectivo-sexual, si bien estos ya forman parte de los contenidos curriculares.