El gobernador de la argentina provincia de Jujuy, Gerardo Morales, dio marcha atrás con dos artículos de la reforma constitucional local que ha provocado una grave crisis política contra su Gobierno, en un momento en el que, además, busca ser el candidato presidencial de la coalición conservadora Juntos por el Cambio.
"Entiendo los reproches, tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás", afirmó en una tensa conferencia de prensa después del escándalo provocado por la violenta represión que las fuerzas de Seguridad de la provincia cometieron contra las comunidades indígenas, que el fin de semana salieron en masa a repudiar la reforma.
Morales solo ofreció derogar dos artículos referidos a la propiedad y explotación de las tierras, pero al mismo tiempo ratificó su defensa de la represión como política central contra las movilizaciones, una posición que ha encendido las alarmas de los organismos de derechos humanos.
"Manifestarse es un derecho constitucional, pero cuando cortan una ruta ya cometen un delito", afirmó al tratar de legitimar su estrategia de criminalizar a todas las personas que protesten con cierres de calles y carreteras.
La represión del fin de semana dejó un saldo de cientos de detenidos y heridos graves, entre ellos un adolescente que perdió un ojo luego de haber recibido un disparo y un turista que fue golpeado por policías provinciales.
Sin embargo, Morales no cedió en su posición e incluso advirtió que todos los que participaron en las protestas "se van a comer" multas de 1.500.000 de pesos (alrededor de 33.000 dólares) cada uno.
Incertidumbre
Pese a las amenazas del gobernador, las comunidades indígenas, sindicalistas, estudiantes y múltiples colectivos sociales de Jujuy ya anunciaron que continuarán con las protestas porque su intención es derogar toda la reforma constitucional, no solo el par de artículos que ofrece Morales.
Por eso, el clima político en esta provincia ubicada en el norte argentino es de plena incertidumbre, ya que se supone que la nueva Constitución local será ratificada este martes en una sesión especial del Congreso local.
La crisis que culminó el fin de semana con la represión a los manifestantes comenzó hace dos semanas, cuando los docentes iniciaron protestas en reclamo de aumentos salariales y en contra de la reforma Constitucional.
En respuesta, Morales emitió un decreto que imponía multas de 270.000 pesos (1.102 dólares) a quienes permanecieran en espacios públicos, alteraran el orden y obstaculizaran la libre circulación vehicular y/o peatonal.
Además, inhabilitaba a los funcionarios y amenazaba con despedir a los empleados públicos que participaran en las manifestaciones.
Luego de una serie de protestas, Morales tuvo que dar marcha atrás con el decreto, pero siguió adelante con la controvertida reforma constitucional que ahora las comunidades indígenas apuestan a echar abajo.
Reclamo
Mientras continúa la tensión política en la provincia, organizaciones de derechos humanos exigieron a la Convención Constituyente y al gobernador que suspendan la reforma.
"Implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos", advirtieron en un comunicado firmado por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia, la Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, entre otros.
También recordaron que la reforma se aprobó con problemas de procedimiento, ya que no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de distintos actores sociales.
Solo paralizando este proyectoo, advirtieron, se podrá encauzar el reclamo y asegurar un debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad jujeña.
"Es que recién sobre la fecha de la votación, quienes viven en Jujuy conocieron la propuesta que les convencionales aprobarían en ese mismo momento. Ese procedimiento además resulta incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos que les afecten", señalaron.
Durante el proceso, explicaron, no se compartieron los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta, ni se aseguraron las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria, y previa para la definición de contenidos sobre regulación ambiental.
"Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos", afirmaron.