El secretario general del partido gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) de Sudáfrica, Fikile Mbalula, afirmó este martes en una entrevista al canal estatal SABC que espera que el presidente ruso, Vladímir Putin, llegue al país durante la cumbre del BRICS programada para el próximo agosto.
"En cuanto a la venida del presidente Putin, es un asunto del que se ocupa el Gobierno. En este caso concreto, el BRICS viene a Sudáfrica [...] así que esperamos que forme parte de la reunión", sostuvo Mbalula.
En este contexto, el político admitió que la orden de arresto emitida contra Putin por la Corte Penal Internacional (CPI) complica la situación, puesto que la nación africana es firmante del Estatuto de Roma, documento constitutivo del tribunal. Además, señaló que una visita del jefe de Estado ruso "reforzaría" el plan africano para la solución pacífica en Ucrania.
"Tenemos ante nosotros a la CPI y nuestro Gobierno está navegando a través de ella en términos de la ley, lo que es bueno para nuestro país, porque somos signatarios de la CPI. Si Putin viniera a Sudáfrica, eso incluso reforzaría todas las iniciativas definidas en el plan de 10 puntos que buscamos para lograr la paz", subrayó Mbalula.
En este contexto, señaló que tiene "plena confianza" en el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y en la canciller, Naledi Pandor, que están "manejando el problema" y "hablarán en el momento oportuno".
Por otra parte, Mbalula indicó que el plan africano para solucionar el conflicto en Ucrania no debe menospreciarse, porque muestra "el compromiso" del continente para conseguir la paz. Las propuestas fueron presentadas la semana pasada por delegaciones de siete países tanto ante Putin como ante el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski.
- A finales de mayo, Mbalula había afirmado que su movimiento estaba dispuesto a saludar a Putin en suelo sudafricano en cualquier momento, al tiempo que cuestionó la orden de arresto en contra del mandatario ruso.
- La CPI argumentó la orden de arresto contra Putin en relación con la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso. La institución lo calificó como crimen de guerra y señaló que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario.