El Congreso de la República de Perú aprobó este miércoles el informe final sobre la denuncia constitucional contra la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional.
Se trata de un informe final que recomienda inhabilitar a Ávalos para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.
El pleno del Parlamento optó por esta resolución legislativa con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho en abstención.
La denuncia se sustenta en la decisión de Ávalos de suspender, a comienzos del 2022, las investigaciones preliminares contra el entonces presidente Pedro Castillo.
Por lo tanto, la acusan de un supuesto blindaje contra el destituido mandatario. Sin embargo, la Constitución de Perú otorga inmunidad al jefe de Estado, lo que impide que sea procesado mientras está en el cargo.
"Abrió investigación y en el mismo acto la cerró, entonces no sirvió de nada", aseveró el parlamentario del partido Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, al culminar el debate.
Bustamante, quien forma parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, defendió la medida. "Es nuestro deber llevar esto al Poder Judicial, para que sea el Poder Judicial el que determine si hubo delito", sostuvo.
Por su parte, la congresista no agrupada Flor Pablo destacó que Ávalos "no ha contravenido la Constitución" y advirtió del peligro de "politizar la justicia".
"Mucho cuidado con lo que estamos haciendo, el riesgo es muy alto", previno.
La posición de Ávalos
En su alegato de defensa, previa a la votación, Ávalos aclaró que abrió dos investigaciones contra Castillo y nunca fueron paralizadas, por lo cual, "se estaría violando el debido proceso" si la acusan constitucionalmente.
Además, resaltó que todos los fiscales que la antecedieron "archivaron las denuncias contra los presidentes de la República de turno". Empero ella estableció un "hito histórico" cuando abrió investigación en 2022 contra el entonces mandatario Martín Vizcarra y luego a Castillo.
"Senté un antecedente positivo", enfatizó la fiscal suprema en el hemiciclo del Congreso. "Nunca he incurrido en actos delictivos", agregó.
Al final de su discurso, de casi 20 minutos, Ávalos alertó que sufre una "persecución" como parte de una "revancha política".
Se pronuncia la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su "preocupación" por acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia en Perú, entre ellas la fiscal suprema.
"La CIDH recuerda que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales", afirmó.
El órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que los Estados "deben dotar a los fiscales de estabilidad en sus cargos".
"Es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo", añadió la CIDH.
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