Fiscalía colombiana fija fecha para imputar a 25 militares por masacre que dejó 11 muertos en 2022

Los elementos castrenses serán acusados de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputará cargos, el próximo 1 de agosto, a 25 militares por las presuntas irregularidades en un operativo en Puerto Leguízamo, en marzo de 2022, que dejó 11 muertos.

Según el diario El Espectador, los militares serán acusados de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa por los hechos ocurridos en el departamento de Putumayo, al suroeste del país suramericano. 

Entre los militares se encuentra el brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez; el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero; además de un teniente, un grupo de soldados profesionales y algunos suboficiales.

El Ministerio Público detalló en un comunicado publicado el mes de mayo que en aquel operativo, cuyo objetivo supuestamente era dar de baja a alias 'Bruno', cabecilla de un grupo armado, "se disparó de manera indiscriminada". Murieron 11 civiles y otros cinco resultaron heridos.

La Fiscalía apuntó que después se habría modificado la escena de la masacre. Por ello investiga "el material de guerra que supuestamente se agregó de forma posterior, como armas y chalecos, y el traslado de varios de los cuerpos de las víctimas".

"Situaciones presuntamente irregulares" 

El organismo de control ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de verificar "la ocurrencia de situaciones presuntamente irregulares y esclarecer la conducta y los hechos atribuidos a los oficiales y suboficiales involucrados en el operativo". 

Tras el ataque, el entonces presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que se trató de una "ofensiva" contra "estructuras narcoterroristas", donde "se logró la neutralización de 11 integrantes de las disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales".

La versión oficial fue cuestionada por la revista Cambio, que sostuvo que el operativo militar se hizo en la vereda del Alto Remanso, donde se realizaba un bazar, y murieron varios civiles, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa embarazada, el gobernador indígena del resguardo Bajo Remanso y un menor de edad, entre otras víctimas.

El entonces ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, compareció ante la Cámara de Representantes como parte del debate de moción en su contra por el operativo militar.