Familiares de víctimas de protestas en Perú condenan visita de Boluarte al lugar de las represiones

La Asociación de Víctimas del departamento peruano de Ayacucho ha rechazado la presencia de la jefa de Estado, Dina Boluarte, en esa región, debido a que no se ha disculpado por las diez personas que murieron en ese territorio por la represión policial durante las manifestaciones antigubernamentales, informa la prensa local.

"Para las víctimas y para toda la población ayacuchana entera, es decepcionante que esa señora tenga el descaro de venir aquí. Nosotros nos sentimos ofendidos con esa señora, es una ofensa que venga al lugar de los hechos, donde ha asesinado y cometido una masacre", dijo la vicepresidenta de dicha asociación, Yovana Mendoza.

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"¿Qué piensa, que nosotros acá [en Ayacucho] la queremos y que la vamos a recibir? Es por eso que sabe muy bien que iba a ser mal recibida y se ha escapado a la población de Sachabamba", dijo Mendoza. Hasta el momento "no se ha dado el tiempo de pedirnos disculpas o perdón", recordó.

Boluarte realizó una visita de trabajo este sábado a la localidad de Sachabamba, en el departamento de Ayacucho, donde no hizo ninguna mención sobre las víctimas de la represión policial.

"Se está queriendo ganar a la población con regalitos"

Según Mendoza, la presidenta decidió viajar a Sachabamba para evitar las protestas que se habían convocado en otra localidad. Incluso afirmó que el Gobierno pagó 70 soles (unos 19 dólares) a las personas que le dieron "la bienvenida". "La señora [Boluarte] se está queriendo ganar a la población de Sachabamba llevándoles regalitos, prometiendo títulos de propiedad", criticó.

Al menos 67 personas fallecieron durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Boluarte es objeto de una investigación preliminar que lanzó el Ministerio Público peruano por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La mandataria ha negado ser responsable de la desproporcionada represión del Estado, argumentando que no dirige "de manera directa a los comandos" de las fuerzas de seguridad y que son ellos quienes toman las decisiones.