La Contraloría General de Venezuela informó este viernes que la política opositora María Corina Machado continúa inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción, según consta en una resolución dictada en 2015.
En comunicación personal dirigida al diputado a la Asamblea Nacional José Brito (Primero Venezuela, oposición), el organismo detalló que una investigación patrimonial comprobó que Machado, quien compite en las primarias internas del sector opositor agrupado en la Plataforma Unitaria, quebrantó leyes locales contra la corrupción y se le sancionó por 15 años.
De acuerdo con el documento, en las pesquisas "se encontraron errores (sobreestimaciones y subestimaciones), así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio en el marco de la auditoría patrimonial", además de "la existencia de fondos administrados por justificar" en bancos nacionales y depósitos y notas de crédito asociadas a una entidad en las Islas Caimán cuyo origen no pudo establecerse.
De su parte, Machado le restó importancia al anuncio, al calificarlo de "inútil". Para la dirigente opositora, la medida es una demostración de debilidad del Gobierno venezolano, que, según ella, "sabe que ya está derrotado". "Aquí quien habilita es el pueblo", reza parte del mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.
Faltas contra el país
Aunque la inhabilitación política es una medida de carácter administrativo y no penal y, en el caso de Machado, fue impuesta en 2015, la Contraloría venezolana se refirió a otros delitos en los que aparentemente incurrió la dirigente política en el marco del pretendido gobierno interino de Juan Guaidó.
El ente puntualizó que, como es de dominio público, Machado "ha sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Guaidó Márquez […], quien propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela" y "el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero", en alusión a las compañías Citgo Petroleum y Monómeros, así como la confiscación de otros activos del país, valorados en al menos 33.500 millones de dólares.
Candidatura y solicitud
Tras más de un lustro llamando a la abstención, la lideresa anunció meses atrás que estaba interesada en competir por la primera magistratura de Venezuela e incluso a medirse con otros políticos opositores, para alzarse como contendora del presidente Nicolás Maduro.
Aunque se cernían dudas sobre su interés real porque ha rechazado abiertamente la participación del Consejo Nacional Electoral en todo evento comicial, el pasado 23 de junio se inscribió como precandidata en los comicios internos del sector derechista de la oposición.
En este contexto, el diputado Brito solicitó el lunes a la Contraloría un pronunciamiento público sobre el "estatus" de la inhabilitación que se le impuso años atrás a Machado.
Poco después advirtió en una entrevista televisiva con un medio local que si la medida sancionatoria seguía en curso, "se estaría incurriendo en una oferta electoral ficticia sostenida por el engaño y el abuso de la buena fe del electorado".
Machado no es la única aspirante presidencial en esa situación. Los dirigentes Henrique Capriles y Freddy Superlano también están impedidos para el ejercicio de cualquier cargo público, pero como María Corina, han asegurado que mantendrán su postulación.