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¿Qué dice el desalojo de casi 2.000 mineros ilegales de la selva amazónica venezolana?
Venezuela ha emprendido una lucha sin cuartel contra la minería ilícita, en interés de proteger su mayor reserva forestal, que es hogar de numerosas especies endémicas.
Unas 800 personas fueron desalojadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela de la mina ilegal La Bulla, ubicada dentro del Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado Amazonas, al extremo sur del país.
En un video publicado en Twitter por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, se aprecian parte de las acciones emprendidas por los funcionarios castrenses para inhabilitar el asentamiento irregular, instalado en un descampado artificial dentro del área, que es zona protegida desde 1978.
Entre otros pertrechos, las autoridades encontraron numerosos bidones de combustible, bombas hidráulicas, palas y mangueras, empleados por los mineros presumiblemente para extraer oro, un mineral presente en la zona pero cuya explotación está explícitamente prohibida allí.
Ochocientos mineros ilegales son desalojados de la mina “La Bulla” en el Parque Nacional Yapacana, estado Amazonas. Los derechos de la naturaleza privarán sobre los derechos particulares individuales. La CRBV establece en su Artículo 127: “Es un derecho y un deber de cada… pic.twitter.com/15FnyMp4iO
— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) July 3, 2023
En su mensaje, Hernández Lárez recordó que el artículo 127 de la Constitución venezolana establece que "es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado", razón por la cual las autoridades no tolerarán esa clase de prácticas.
Si bien no se han precisado detalles sobre la identidad o el destino de los mineros desalojados, la legislación venezolana contempla penas de cárcel de entre cinco y 10 años para quienes practiquen la minería ilegal en parques nacionales.
Se conoció que los mineros ilegales accedieron a retirarse de la mina tras amplias negociaciones con los efectivos militares.
De su lado, el presidente Nicolás Maduro aseguró en su programa televisivo que desde que se inició la Operación Autana en el estado Amazonas, los equipos militares han conseguido desalojar a unos 2.000 mineros asentados en espacios protegidos. "¿Saben cuántos mineros ilegales hay en esa zona? Más de 10.000. Ya hemos desalojado a casi 2.000", detalló.
Selva de vida
Con más de 177.500 kilómetros cuadrados, Amazonas es el segundo estado más grande de Venezuela. También es el hogar de 21 comunidades indígenas y de centenas de especies endémicas animales y vegetales, resguardadas en los parques nacionales que equivalen a más del 60 % de su territorio, en su mayoría compuesto de selva tropical húmeda.
En términos de extensión, los bosques selváticos venezolanos ocupan la quinta posición entre los Estados amazónicos. Aunque por detrás de Brasil, Perú, Colombia y Bolivia, son esenciales para mantener la estabilidad de los ciclos hidrológicos en la región y garantizar el abastecimiento de electricidad, como apunta la organización Wataniba.
Asimismo, el Ministerio de Minería Ecológica ha certificado yacimientos importantes de uranio y diamantes en la entidad, cuya explotación está proscrita al encontrarse en áreas naturales protegidas.
Además, es la entidad más despoblada del país –menos de un habitante por kilómetro cuadrado, según cifras oficiales– y con menor cantidad de carreteras pavimentadas de Venezuela, lo que hace que la mayor parte de la población esté concentrada al noroeste de la entidad y en algunas localidades fronterizas con Colombia.
En tales circunstancias, buena parte de las travesías hacia el interior de la selva se hacen por aire o en embarcaciones fluviales, a través de los numerosos ríos que forman la cuenca del Orinoco y tributan al río Amazonas.
Lucha contra la minería ilegal
Lamentablemente, la intrincada geografía amazonense ha favorecido la instalación de campamentos mineros ilegales desde hace varias décadas.
A finales del siglo XX, mineros ilegales procedentes de Brasil ejercían la administración de facto en los asentamientos; en el presente, se han sumado otros actores a la extracción ilícita de recursos con métodos altamente contaminantes y lesivos para el medio ambiente.
En este contexto, el Estado venezolano desplegó en 2022 la Operación Escudo Bolivariano en entidades fronterizas con Colombia y Brasil, para expulsar a grupos irregulares armados de origen colombiano, cuyas actividades se estarían financiando parcialmente por medio de la minería ilegal.
"Se está dando una batalla tremenda contra la minería ilegal de mineros de Venezuela, Brasil, Colombia […]. Han causado graves destrucciones a los parques nacionales y no podemos permitirlo, no lo vamos a permitir", sostuvo el presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de junio en una alocución televisada.
En la misma intervención, el mandatario instó a los efectivos castrenses a mantener sus operaciones en el estado selvático para "limpiar de minería ilegal y destructiva todos los parques nacionales y la Amazonía".
Hasta ese momento, la FANB había desmantelado 28 campamentos y depósitos con distintos materiales y herramientas empleados en la minería ilegal dentro del Parque Nacional Cerro Yapacana.
Los nuevos mineros
Empero, en la minería ilícita también participan supuestas organizaciones no gubernamentales e iglesias evangélicas, según denuncias publicadas por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, una organización sin fines de lucro que convoca a especialistas de distintas universidades venezolanas.
"Algunas religiones promueven la minería ilegal en la Amazonía venezolana, como forma de obtener el diezmo para la consolidación de sus iglesias. Sinónimo de lo anterior, ciertas organizaciones no gubernamentales impulsan supuestas iniciativas, con algunas organizaciones de base indígena, para debilitar a las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos que históricamente las han aglutinado, está vez no cobrando sino pagando el diezmo", se lee en un texto de 2022 firmado por el profesor Vladimir Aguilar Castro, adscrito a la Universidad de Los Andes.
Por su parte, el Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba refiere que comunidades asentadas en el Alto Orinoco, cerca de la frontera con Brasil, tienen dos años denunciando que foráneos, en contubernio con algunos locales, operan minas en el Parque Nacional Duida-Marawaca, territorio ancestral de la etnia ye'kuana.
Efectos de largo plazo
El daño ecológico que entrañan estas prácticas ha alertado a los especialistas, pues la contaminación de afluentes subsidiarios a la cuenca del río Orinoco está causando daños permanentes en el ambiente, particularmente por el envenenamiento de las aguas con mercurio y la sobreexplotación de los recursos.
"La minería ilegal en el Alto Orinoco, que, afirman los líderes indígenas, se practica en caño Iguapo, supone la tala masiva de árboles y el bombeo de agua a presión hasta dejar la tierra desnuda. Para obtener tan solo un par de gramos de oro, es necesario mover, romper y tamizar enormes cantidades de rocas, no es raro que se obtengan sólo uno o dos gramos por tonelada", se explica en el informe de Wataniba.
A esto se suma que la desforestación favorece la formación de pozos de agua aptos para la proliferación del mosquito 'aedes aegypti', responsable de la transmisión de la malaria, la fiebre amarilla y el dengue. Simultáneamente, las deficientes condiciones sanitarias en las minas también han permitido la expansión de otras patologías como la tuberculosis, el sarampión, la difteria, el covid-19 y el VIH-SIDA, apunta la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
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