Negocio millonario y detenidos por consumo: la paradoja de la regulación de marihuana en Argentina

La industria del cannabis avanza a paso firme en Argentina, pero entraña una paradoja en materia de derechos humanos, ya que mientras se esperan ganancias millonarias por la elaboración y exportación de productos derivados de la planta, miles de personas siguen detenidas por haber sido encontradas con posesiones mínimas de marihuana.

Las expectativas en torno a este novedoso mercado en el país sudamericano volvió a concitar la atención rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, ya que uno de sus protagonistas es, también, uno de los principales impulsores de la regulación.

Se trata del conservador Gerardo Morales, gobernador de la norteña provincia de Jujuy, que hace años sorprendió al convertirse en férreo defensor de políticas para favorecer la expansión de la industria del cannabis.

Tenía intereses familiares, ya que ayudó a que su hijo mayor, Gastón Morales, obtuviera en 2019 la autorización para crear en Jujuy el primer centro estatal de elaboración de cannabis medicinal de la Argentina.

Cuatro años después, el gobernador es candidato a la vicepresidencia de la fórmula que encabeza el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos forman parte de la coalición de derecha Juntos por el Cambio.

Desde que oficializaron sus candidaturas, sus adversarios cada tanto viralizan una foto que ambos se tomaron el año pasado en uno de los plantíos del Gobierno de Jujuy.

Es un intento de acusarlos de defender "las drogas", aunque la realidad es que el atractivo negocio que representa la estigmatizada planta ya supera ideologías.

Expectativas

La regulación de la marihuana en Argentina se intensificó a partir de 2017, bajo el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando el Congreso aprobó la Ley de Cannabis Medicinal.

Su sucesor, Alberto Fernández, creó el año pasado la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tendrá como una de sus principales tareas la entrega de licencias de producción de la planta con fines industriales. Mientras avanzan los trámites, ya existen 49 proyectos de investigación públicos, privados y mixtos.

Al presentar el nuevo organismo, el mandatario reconoció que la intención es crear 10.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años, así como generar ganancias por 500 millones de dólares en ventas en el mercado interno y 50 millones de dólares en exportación.

También creó el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), un sistema que depende del Ministerio de Salud y que otorga los permisos de autocultivo y cultivo solidario con fines terapéuticos.

Gracias a este programa, al que ya están adscritos 200.000 usuarios, cada persona que tramita el permiso puede tener en su domicilio hasta nueve plantas en floración y poseen en cualquier tipo de espacio público un máximo de 40 gramos de flores secas y/o seis frascos de 30 mililitros de aceite.

El problema es que, de acuerdo con las frecuentes denuncias de los usuarios, siguen produciéndose detenciones por portar cantidades mínimas de la planta o por sembrarla, a pesar de que ya no está considerado como un delito.

Las reformas a las leyes no han ido a la par de los cambios industriales, y a las policías nacionales y provinciales no se les capacita de manera suficiente para distinguir cuándo se está cometiendo realmente un delito de drogas.

Doble estándar

En 2020, la Revista THC publicó los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Cannabis en Argentina, a través de la cual 64.646 personas revelaron que utilizaba algún derivado de la planta.

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Además, el 80 % explicó que le daba un uso recreativo, no medicinal ni industrial. Pero precisamente el recreativo el único que todavía no está reconocido por la ley.

Los datos oficiales reflejan el impacto de esta falencia, ya que en las cárceles de todo el país se encuentran detenidas 96.108 personas, de las cuales 14.636 están acusadas de alguna infracción a la Ley de Drogas, en su mayoría por posesión de cannabis.

La situación se agrava porque, de las personas presas por delitos de drogas, la mitad todavía no ha ido a juicio, lo que implica que los ciudadanos pueden pasar años en una cárcel y, después, ser considerados inocentes.

Por eso, uno de los principales reclamos en las marchas anuales que se realizan en favor de la regulación de la marihuana es que se termine con el doble estándar que implica el aval para productores gran escala –que buscan ganancias millonarias– y, por el otro lado, la estigmatización y persecución de pequeños usuarios y cultivadores.