El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont y dos de sus exconsejeros, Clara Ponsatí y Toni Comín, todos ellos europarlamentarios, contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad.
El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular el referente a que el proceso judicial en España se habría llevado a cabo para dañar su actividad parlamentaria.
El TGUE señala que los hechos que se les imputan sucedieron en 2017 y que fueron procesados en marzo de 2018 "en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética" —hasta junio de 2019 no accedieron a la condición de eurodiputados— y, además, el procesamiento afectaba a otras personas que no eran miembros de la Eurocámara.
El Tribunal apunta, asimismo, que "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales".
Igualmente, se rechaza el argumento de que la Eurocámara violó el principio de imparcialidad al designar como ponente al eurodiputado búlgaro de ultraderecha Angel Dzhambazki, que pertenece al mismo grupo parlamentario que el también partido de extrema derecha Vox, una de las partes que inició el proceso penal en España contra los ahora eurodiputados.
Una larga carrera contra la justicia española
El proceso se remonta al 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno regional encabezado por Puigdemont celebró un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamó unilateralmente la independencia de Cataluña.
El Ministerio Fiscal, la Abogacía de Estado y Vox incoaron un proceso penal contra los responsables políticos y sociales del referéndum, entre los que se encuentran Puigdemont, Ponsatí y Comín; y en marzo de 2018 el Tribunal Supremo de España dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
El Tribunal Supremo los declaró en rebeldía en julio de 2018, debido a que habían huido de España, y suspendió el proceso penal contra ellos. Más adelante, los tres presentarían su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en mayo de 2019, saliendo elegidos.
Al no prestar el juramento de acatar la Constitución, requisito establecido en la legislación española, en un principio sus escaños se declararon vacantes. Sin embargo, en diciembre de 2019, Puigdemont y sus exconsejeros obtuvieron una victoria jurídica, cuando el Tribunal de Justicia de la UE estableció que goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada elegida al Parlamento, sin necesidad de cumplir otros requisitos.
En enero de 2020, el Parlamento Europeo tomó nota de la elección de los tres eurodiputados catalanes con efectos desde el 2 de julio de 2019. El mismo día, el Tribunal Supremo de España presentó un suplicatorio para que se suspendiera su inmunidad.
En marzo de 2021, la Eurocámara decidió suspender la inmunidad y el recurso presentado contra esta decisión es el que ahora ha sido rechazado por el TGUE.
Recurso en marcha
Debido a que el TGUE es un órgano de primera instancia, la decisión se puede recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de dos meses, por lo que la batalla de Puigdemont con el Tribunal Supremo de España será larga.
La defensa del expresidente catalán ya ha anunciado que presentará ese recurso, algo que ha confirmado el propio Puigdemont a través de las redes sociales.
Nada más conocer la noticia, el eurodiputado ha afirmado "nada se acaba, todo lo contrario. Todo sigue". Así, ha dicho que habían "trabajado duramente" para obtener otra sentencia, pero que estaban "preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fuera el que se ha comunicado hoy".