La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez exintegrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) por secuestro.
El organismo de justicia transicional, surgido tras el acuerdo de paz de 2016, realizó este viernes la segunda sesión de la Audiencia de Observaciones a la Resolución de Conclusiones contra el último Secretariado de las FARC-EP, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Esta decisión forma parte del Caso 01, que incluye toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.
¿Cuáles delitos se imputan?
El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López y Julieta Lemaitre, relatora del Caso 01, informaron que la Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó crímenes de "guerra de toma de rehenes, homicidio y atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos, crímenes de lesa humanidad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura".
Los imputados son: Luis Eduardo Rayo, alias 'Marlon'; Enoc Capera Trujillo, 'Giovanni'; Jhon Jairo Oliveros Grisales, 'Armando Pipas'; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, 'Gonzalo'; Édgar Ramírez Medina, 'Onofre Camargo'; Víctor Hugo Silva, 'Erick' o 'El Chivo'; Raúl Agudelo, 'Olivo Saldaña' y Wilson Ramírez Guzmán, 'Teófilo'.
Del mismo modo, se determinó que Álvaro Henner López, alias 'J.J' o 'Jhon Jairo Paz Guevara' y Gustavo Bocanegra Ortegón, 'Donald', "son máximos responsables por su participación en hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima".
La Sala concedió un plazo de 30 días hábiles para que los comparecientes reconozcan o no su responsabilidad en los hechos. Si la respuesta es positiva, podrán tener una sanción propia, mientras que si es negativa, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para que se inicie un juicio adversarial que podría acarrear una condena de 20 años.
La naturaleza de los secuestros
Lemaitre, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, afirmó que la mayoría de los secuestros con fines económicos fueron reportados en los municipios de Murillo, Ortega y Venadillo, todos en el departamento del Tolima. Estos hechos también se presentaron en Huila y Quindío.
Del mismo modo, hubo retenciones de personas provenientes de Bogotá, Ibagué (Tolima) y Neiva (Huila) que viajaban con frecuencia a fincas de descanso en las dos últimas entidades.
El grupo guerrillero también extorsionó y secuestró a quienes tenían centros agrícolas, de ganadería y de comercio en el Tolima.
Los secuestros cometidos se clasifican en tres tipos: para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener el control territorial.
Lemaitre explicó que en esa estructura armada funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un "complejo sistema de financiamiento" que se valía de 'nóminas' de extorsión enfocadas en sectores de producción de arroz y café, transporte, petróleo, contratación pública y energía.
"A pesar de su tamaño menor frente a otras estructuras, el CCC jugó un papel importante en la manera en que la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros", expresó la magistrada.